Luego de la captura del ex gobernador, Javier Duarte de Ochoa, diferentes sectores de la población han exigido que los recursos que se recuperen sean devueltos a los programas de los que fueron desviados, pero sobre todo a los proyectos de campesinos pues fueron los más dañados en esta administración fraudulenta, declaró el presidente del Consejo Intermunicipal de Ambientalistas, CIMA, Graciano Illescaz Téllez.
Explicó que tan solo en el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) son más de 204 millones de pesos los que deberían ser devueltos o completados en favor de cientos de familias veracruzanas de comunidades rurales, los cuales eran recursos económicos gestionados desde el año 2015 y el cual debió ser entregado en 2016.
“Se trata de 204 millones de pesos que envió la federación a través de la Sagarpa; fueron hechos llegar al gobierno de Veracruz y el siguiente paso era canalizarlo porque se contrataron 22 despachos conformados por profesionistas que trabajan en el campo y que fueron cuestionados por los campesinos porque el dinero a pesar de haberse aprobado no se les entregó”, indicó.
Para esta zona el despacho que capacitó y organizó a campesinos, convocó a feria de proveedores y los campesinos entregaron copia de credencial de elector y documentación, “Tan solo del PESA, a través de despachos contratados se intentó aterrizar programas por un monto de 4 millones de pesos destinados a Xoxocotla, Soledad Atzompa y Aquila, los cuales en este caso llegaron incompletos, y hasta la fecha aún se les adeudan a 400 productores poco más de 900 mil pesos”.
Illescaz Téllez, quien fuera director de Fomento Agropecuario en tres municipios de la región, sostuvo que la prueba más clara de la irregularidad, es que cuando un Secretario de una dependencia estatal detiene recursos y es cuestionado por los agraviados y el Gobernador guarda silencio, es porque la acción la comete con su autorización. Cuando es una orden del Gobernador y no lo remueve es obvio que es el artífice de la corrupción.
“El ex Gobernador está en manos de la justicia, por ello los campesinos que se dicen agraviados deben exigir el dinero que les corresponde y en eso también voy a apoyar porque existe documentación y ver de qué manera coordinar con el nuevo gobierno que no se hagan proyectos nuevos con otros grupos, y que se rindan cuentas a las personas que el gobierno anterior les falló”.
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