El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ingresó a la torre de Tribunales para la audiencia en Guatemala que inició a las 14.30 horas tiempo de México y ahí se le dieron a conocer los cargos por los que fue detenido el pasado sábado.
Al inicio de la audiencia y luego de preguntarle algunos datos personales, el juez reconoció que tenía poca información en torno a la petición de extradición de México y le recordó que en esta primera audiencia podía guardar silencio, explicándole sus derechos y que no tenía obligación de declarar.
Al responder a las preguntas de los fiscales, Duarte dijo que tenía seis meses de estar en Guatemala.
Además, contestó algunas preguntas personales como su fecha de nacimiento, nombre de su esposa, Karime Macías, así como sus padres.
Luego, el juez le leyó los delitos por lo que se le acusan en México: delincuencia organizada y lavado de dinero, en particular por el uso de prestanombres para compra y venta de terrenos pertenecientes al gobierno de Veracruz.
El juez le explicó que el gobierno de Guatemala recibió una solicitud del gobierno mexicano, para que se le aprehendiera con miras de extradición.
Posteriormente, el Agente fiscal de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales del Ministerio Público de Guatemala explicó a detalle las presuntas actividades ilícitas cometidas por el ex titular del Ejecutivo estatal, detallando la creación de empresas “fantasma”, el desvío de recursos públicos para éstas.
En la descripción de los hechos imputados, el funcionario ministerial mencionó a su amigo Moisés Mansur como uno de los testaferros y a otros más que cumplieron dicha función para obtener propiedades como el rancho “El Faunito” en el municipio de Fortín; una propiedad en Boca del Río y otra más en la colonia Polanco de la Ciudad de México.
Además comentó que Tarek Abdalá, actual diputado federal y entonces tesorero de la administración duartista, dio la instrucción de que todos los recursos federales que llegaran para el rubro de seguridad, ya no serían manejados por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), sino por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y ésta los enviaría luego a la Tesorería.
Luego de describir todas las acusaciones por parte del Ministerio Público, su abogado defensor de oficio, pidió un receso de cinco minutos para conocer las reacciones de Javier Duarte; no obstante, el juez penal prosiguió la audiencia y le mencionó que correspondía ahora definir el lugar donde quedaría detenido hasta que se defina si se concede la extradición.
Esto porque de acuerdo a las leyes guatemaltecas, no se le puede dar una medida distinta que la cárcel. Sobre el tiempo que tomaría el proceso, el juez dijo que el tratado de extradición establece 60 días naturales, contados a partir de que la Embajada de México en Guatemala, es notificada de la misma.
Más tarde, le dijo que en una próxima audiencia, él podría presentar la documentación que considerara necesaria para su defensa; aunque también le recordó que sí él aceptaba voluntariamente el allanamiento (la extradición), se evitaría todo el procedimiento y sería entregado “sumariamente” al gobierno mexicano.
“Usted tiene derecho a contestar si hacemos el tramite ordinario o si usted acepta voluntariamente que se le entregue a su país”, manifestó el juez para luego preguntarle si aceptaba que se le notificara a la sección consular mexicana para que en caso de que lo quisiera, ésta le prestara asistencia legal.
Pero Duarte rechazó tal ofrecimiento, alegando que “mi gobierno está plenamente enterado de mi detención” y mencionando que ese día, había personal de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y de la Policía Federal.
Segundos después, el juez aceptó la solicitud del abogado de oficio y le concedió un tiempo para que conversaran a solas, por lo que la audiencia entró en receso.
