El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, manifestó que las investigaciones por el desvío de recursos en Veracruz, durante la administración de Javier Duarte, no están estancadas, pero su desahogo depende de la Procuraduría General de la República (PGR).
Entrevistado en la Cámara de Diputados, donde acudió a un foro sobre uso de recursos públicos en elecciones, Portal Martínez señaló que el organismo a su cargo avanza en la revisión de la Cuenta Pública 2016 y de ahí, seguramente surgirán más denuncias por uso irregular del erario durante la administración de Duarte de Ochoa.
Incluso, manifestó que conforme al análisis de las cuentas públicas 2014 y 2015, cuyos reportes de resultados ya fueron presentados públicamente, aún se podrían generar más expedientes, puesto que la administración veracruzana ha enviado algunas aclaratorias y está en proceso de solventar observaciones que se le hicieron.
“Al año anterior habíamos presentado un monto de 45 mil millones de pesos aproximadamente, esa cifra ya cambió, ya entregaron algo de información, no mucha, pero han entregado algo. ¿Pero qué falta? Cuenta Pública 2016, estamos apenas en su revisión, en breve, en junio tenemos un informe parcial, otro en octubre y finalmente en febrero del año próximo tenemos el complemento. Ahí tendremos el resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2016, va a haber más denuncias de hechos, de Veracruz particularmente y de todos los demás, por 2016”, expuso.
En entrevista, Portal Martínez recordó que de la revisión a las cuentas públicas del 2011 y hasta la del 2015, se han presentado 52 denuncias ante la PGR por el caso Veracruz, mismas que aproximadamente cada 15 días se revisan, a fin de mejorar y engrosar el expediente.
Añadió que en suma, la PGR tiene pendientes por atender entre 740 y 760 denuncias presentadas por la Auditoría su cargo y confió que en cuanto se nombre y entre en funciones el nuevo Fiscal Anticorrupción, los expedientes se distribuyan de mejor manera y los relativos a casos de corrupción, sean atendidos por esa nueva instancia especializada.
Destacó que las integradas por la ASF “están bien fundadas”, pero son “de hechos”, de modo que no se señalan responsables, sino que se presentan las evidencias del caso y la información que puede llevar a señalar a los culpables.
Esa labor, al igual que determinar los delitos cometidos, le corresponde de lleno al Ministerio Público, por lo que la tardanza en su atención, no es atribuible a la ASF.
Recordó que en particular en Veracruz, el monto de los recursos cuyo uso no se pudo comprobar, hasta el 2016 rondaba los 45 mil millones de pesos.
Refirió que una vez formuladas las observaciones y presentado los resultados de análisis de la cuenta pública, las autoridades requeridas tienen hasta 160 días para justificar los faltantes o el uso irregular.
Ello, aunado a que la ASF aún tiene pendientes por integrar las denuncias correspondientes al caso Veracruz, por los años 2014 y 2015. De modo que el trabajo aún no termina.
En cuanto a las solicitudes, en el marco de las elecciones de junio, para que la ASF investigue la presunta entrega de recursos que el ex gobernador de Veracruz habría hecho a partidos políticos como el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el auditor superior dijo que la instancia a su cargo poco puede hacer.
Expuso que la Auditoría no tiene facultades para atender esos pedidos, aunado a que es “dificilísimo” seguir la ruta de recursos que salen de cuentas bancarias y se entregan a otras personas en efectivo o a través de depósitos y otras vías.
Esa tarea corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP), y hasta el momento es altamente probable que la PGR no esté tomando en cuenta las denuncias de la ASF por el caso Veracruz.
Ello, porque los delitos de los que se le acusa y por los cuales fue detenido en Guatemala, tienen que ver con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, no necesariamente con desvío del erario.
Apuntó que esta misma semana, la ASF y la PGR firmarán un convenio de colaboración en el que se precisará qué elementos debe presentar cada instancia, a fin de hacer más ágiles y efectivas las investigaciones por presunto daño al erario y desvío de recursos públicos.
