El magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Roberto Eduardo Sigala Aguilar, dio a conocer que informarán a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), la presentación de firmas de personas fallecidas por parte del aspirante a candidato independiente a la alcaldía de Camerino Z. Mendoza, Enrique Romero Aquino.
Y es que recordó que en sesión pública, él y sus homólogos decidieron dar vista a la instancia ministerial para que investigue y determine si hay un delito que perseguir, ante la evidente irregularidad cometida por este ciudadano que busca participar en los comicios municipales del 4 de junio, sin el respaldo de un partido político.
Explicó que el Registro Federal de Electores (RFE) dio a conocer que se trató de dos rúbricas de personas que no forman parte de la lista nominal del referido municipio, pues ya fallecieron; además de tres apoyos de personas que dijeron nunca haber dado su respaldo a la aspiración de Romero Aquino.
Sigala Aguilar aclaró que si bien los dos apoyos ciudadanos detectados de personas fallecidas no fueron considerados como respaldo ciudadano, si fueron presentados, por lo que lo conducente es informarle a la Fepade y que ésta finque o deslinde responsabilidades.
Al tener conocimiento de estos hechos que se dan en documentos públicos, comentó que la obligación del TEV es darle vista a la Fiscalía y que ellos investiguen y determinen si se ha cometido un ilícito o no.
El titular del órgano jurisdiccional veracruzano mencionó que en muchas ocasiones los partidos o los candidatos cuando impugnan los acuerdos del Organismo Público Local Electoral (OPLE) respecto a los apoyos para los candidatos independientes, muchas veces refieren que el pleno no verifica que las cédulas de apoyo ciudadano correspondan con las de la credencial de elector, aunque reiteró que no es su facultad.
«Ya dijimos que es es una facultad que tienen que hacerlo el INE porque es el que verifica precisamente estos apoyos», manifestó Sigala Aguilar al refrendar que si bien como magistrados parten de la buena fe, son documentos públicos que obligan a dar esta vista.
Finalmente señaló que son los únicos casos que se han presentado de esta situación y corresponde a la Fepade determinar que procedería y si existen los elementos suficientes para una posible sanción.
