Legisladores del PRI promueven que el INE y la PGR investiguen el presunto financiamiento ilícito de Morena en el proceso electoral 2016, así como el descuento aplicado en la nómina de empleados del Municipio de Texcoco para apoyar a una organización política.
Al inicio de los trabajos del Congreso Permanente, senadores inscribieron un punto de acuerdo para exhortar al Instituto Nacional Electoral (INE) a que fiscalice a Morena con relación a los recursos con que financió sus actividades electorales el año pasado en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz.
Los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) justifican su solicitud en los videos difundidos en los que la diputada con licencia de Veracruz, Eva Cadena Sandoval, recibe dinero presuntamente ilícito.
Los priistas quieren que se le pida a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe sobre los avances en la investigación contra Cadena, quien por el escándalo renunció a la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la Alcaldía de Las Choapas, Veracruz.
Esa propuesta fue inscrita para su discusión y aprobación en el orden del día de hoy, cuando diputados y senadores abren la Comisión Permanente en la sede de la Cámara alta.
Además, la diputada del PRI, Noemí Tiscareño Agoitia, propone exhortar a la PGR para que investigue mediante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) los descuentos quincenales del 10 por ciento a los trabajadores de Texcoco, entre 2013 y 2015.
Esos descuentos se habrían realizado cuando era Presidenta Municipal la actual candidata de Morena al Gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, y presuntamente iban a parar a la organización Grupo de Acción Política, encabezada por Higinio Martínez, ex perredista y actual Alcalde de Texcoco, también por Morena.
«La viabilidad de nuestras instituciones democráticas requiere de la actuación decidida de las autoridades en contra de quienes pervierten los procesos electorales, pasando por encima de los derechos laborales de cientos de trabajadores, quienes se ven reducidos a un estado de postración laboral», argumenta la diputada, secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
