Noticias que llegan desde Guatemala, por gente cercana al ex gobernador de Veracruz, doctor Javier Duarte de Ochoa, describen el optimismo de los amigos y familiares del procesado, a quien le auguran el reconocimiento judicial de su inocencia y una pronta salida de la cárcel que opera dentro del cuartel militar Matamoros, que fue parte de las instalaciones del ejército del vecino país centroamericano.
Ya que según afirmaciones de familiares y amigos de JD, al Sistema Politico Mexicano, “no le conviene”, una declaración pensada, analizada y motivada con la que se pretenda justificar que parte de los recursos del gobierno, se hayan desviado a procesos electorales.
Sin embargo, por otro lado, la Fiscalía del Estado de Veracruz, ha boletinado diversas peticiones de extradición, basadas en carpetas de investigación de la Fiscalía del Estado, en las que se acusa al ex gobernador; de otros ilícitos, desvinculados de las imputaciones de carácter federal. En este caso, de ser ciertas y fundadas las acusaciones en contra del doctor Duarte y coacusados, se ha estimado que la privación de la libertad de los implicados, podría alcanzar hasta cincuenta años de prisión.
De lo que no se tiene duda hasta hoy, es de las consecuencias que dejarán en el ex gobernador del estado, preso en Guatemala y en sus ex colaboradores, sujetos a prisión preventiva en el penal de Pacho Viejo, Veracruz, ya que, los penalistas afirman que toda forma de reclusión, deja una huella imborrable en el prisionero; por otra parte, si se toma en consideración lo expuesto por el doctor Michel Foucault en su libro “Vigilar y Castigar”. Nacimiento de la Prisión.-Editorial siglo XXI. Editores, S.A. De C.V. La Benignidad de las penas, constituida por el arte de castigar que se apoya en “toda una tecnología” de la representación cuyo propósito o finalidad es encontrar para cada delito, el castigo que conviene, a fin de que no se pierda de vista, aún mediante una calificación benévola, que se trata de una acción reprobable. No olvidar que: La cárcel marca.
En la aplicación de la pena, se debe ser lo menos arbitrario posible, para que el castigo resulte aceptado y transparente de acuerdo a la conducta que sanciona pero que también resulte infalible al signo del delito que castiga. Es recomendable no perder de vista que el “castigo” que se aplica, deriva del crimen que se comete. Y que debe impedirse a toda costa convertir en atractivo el delito que se sanciona, para lo cual la pena tendría que ser mayormente temible. Lo que las autoridades competentes que conocen del caso, están obligadas a garantizar a la sociedad, es la ejemplaridad del castigo, para que no se siga repitiendo éste tipo de conductas en los servidores públicos.
Por esa razón, y que no se considere a destiempo, las siete gubernaturas donde perdió el PRI en el pasado proceso electoral, merecen también los gobernadores y sus colaboradores, castigos ejemplares por los delitos de peculado, desvió de recursos públicos y fraudes en general, que produjeron en ellos y sus familias, el enriquecimiento ilícito tantas veces señalado en contra de los malos servidores públicos. Al igual que otros ex gobernadores del PAN y PRD, que también son perseguidos por los mismos ilícitos; ahí están los casos de Guillermo Padrés de Sonora, Fausto Vallejo y su interino Reina, de Michoacán y Gabino Cue de Oaxaca. Y seguirán cayendo más gobernadores y servidores públicos federales, en los mismos actos de corrupción que los anteriormente comentados, sino se marca un alto, que atemorice a los funcionarios públicos, y eso precisamente ocurrirá, “”cuando el castigo irrite y estimule en mayor medida, que el delito que se sancione””.
