A apenas cuatro meses de haber logrado una venia cuestionable en el Congreso, el nombre de Jorge Winckler Ortiz, Fiscal General de Veracruz, parece que volverá a sonar en el salón de sesiones de la Legislatura local, y no precisamente para que elogien su labor. Para colmo, su nombre tuvo impacto nacional este lunes por un reportaje del corresponsal de El Universal, Édgar Ávila, que desvela las prioridades en el gasto corriente de la Fiscalía, que ha priorizado la contratación de 36 analistas administrativos, en contraste con la de solo 12 policías de campo (dos de ellos de investigación).
Que el Congreso local busque ocuparse de él no será solo por sus declaraciones torpes ante los reporteros la semana pasada, en que calificó de corruptos a los diputados locales y federales por no aceptar solicitudes de desafuero (del alcalde de Fortín y del diputado Tarek Abdalá, respectivamente), sino por la ineficacia de su actuación, que se ha centrado en armar, mal, los expedientes para la persecución de exfuncionarios que robaron a Veracruz en el pasado sexenio, y que ha sido la principal preocupación del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, como lo fue su principal bandera en su campaña electoral el año pasado.
Y es que el imberbe abogado barrió con todos los diputados locales (los federales, hasta donde sé, no han reaccionado), incluyendo a los del Partido Acción Nacional que, sojuzgados por el mandatario estatal, aun cuando hicieron mohín de molestia no vieron en el torpe desplante del Fiscal razón suficiente para analizar su dimisión.
El diputado local perredista Sergio Rodríguez Cortes, a quien el Fiscal le revivió una investigación ministerial en su contra (por órdenes de ya saben quién), anunció que este martes se formalizaría la petición para separarlo del cargo.
Según el exdirigente estatal del partido coaligado al PAN, los diputados están revisando la ley para determinar la manera de revocar el nombramiento que le otorgaron el 30 de diciembre pasado, y descartó que la petición pueda generar alguna diferencia con el gobernador Yunes o con la fracción del PAN.
Famoso por una foto en que aparece semidesnudo sobre un colchón lleno de billetes, aparentemente producto de enjuagues con el gobierno de Fidel Herrera Beltrán cuando él fungía como dirigente estatal perredista, Sergio Rodríguez Cortés dijo:
“No creo que Jorge Winckler sea quien deba seguir ejerciendo la impartición de justicia; no lo consideramos hoy ya, con los antecedentes que existen, la persona adecuada, lo vamos a llevar al pleno, vamos a revisar nuestras facultades para ver hasta dónde podemos llevar buscar este relevo e impulsar el cambio”.
Aseguró que el Congreso no puede tolerar que Wickler Ortiz sea el abogado de los veracruzanos y consideró que por dignidad todos los diputados deben aprobar su remoción.
El jueves pasado se le había adelantado su compañera de partido, la diputada Yazmín Copete Zapot, quien dijo que se pediría la renuncia del Fiscal General luego de que los calificó de corruptos, una aseveración que, según su parecer, representaba una difamación para los legisladores locales. “Es lamentable que un funcionario de jerarquía menor esté haciendo esas afirmaciones, lo que denosta (sic) y difama a cada uno de los miembros del Congreso del Estado”.
El mismo jueves, el grupo parlamentario de Morena emitió un comunicado en que fija su posición sobre las aseveraciones del Fiscal, que pusieron en confrontación a los poderes Ejecutivo y Legislativo, en los siguientes términos:
“Ante las desafortunadas declaraciones del Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz y a pesar de su posterior disculpa, el Grupo Legislativo de Morena en Veracruz, no pasa por alto la ofensa a un Poder Soberano de nuestro Estado. El representante de la legalidad veracruzana no puede pretender constituirse en un inquisidor medieval, por ello, resulta deplorable que sus declaraciones ofendan injustificadamente a todo el Poder Legislativo”.
Morena no propuso ninguna sanción contra el Fiscal General, como sí la proponen los diputados perredistas. El líder parlamentario del PAN, Sergio Hernández Hernández, debió expresar su rechazo a lo dicho por Winckler y, en un comunicado conjunto de los integrantes de la fracción parlamentaria del PAN, reprobaron “las expresiones vertidas por el Fiscal General, a quien dimos nuestro voto de confianza para que desde sus responsabilidades acate y cumpla las leyes que marcan sus atribuciones frente a dicho organismo (…) Nuestro llamado es a la mesura y al respeto. Veracruz merece instituciones sólidas que den certeza a la ciudadanía. Invitamos al Fiscal General a que sume y no reste posibilidades desde la alta responsabilidad que le fue encomendada”.
La Fiscalía se llena de figurines
En este contexto generado por su boca floja, el Fiscal General ha sido evidenciado por el periódico El Universal, por las prioridades que en materia de recursos humanos ha marcado para la dependencia. El texto enviado por el colega Édgar Ávila ya le arrea desde el primer párrafo:
“En medio de una ‘emergencia financiera’ de Veracruz, en tan sólo cuatro meses, en la Fiscalía General del Estado fueron contratados 127 nuevos empleados, entre ellos un secretario particular con un salario tabulador máximo de 40 mil pesos y un secretario privado con 34 mil.”
La aseveración del periodista no proviene de habladas sino de documentos oficiales de la propia Fiscalía, obtenidos por vía de transparencia. Para dar una idea de los excesivos salarios ordenados por el Fiscal para su gente, señala que “el salario de los secretarios privado y particular es mayor que, por ejemplo, [el] del Jefe del Área de Plataforma México en Materia de Secuestro, que percibe 19 mil pesos y [el] de un Jefe de la Policía de Investigación también con 19 mil pesos”.
Lo más grave es que, pese a la necesidad de elementos de investigación que permitan desahogar el enorme déficit en aplicación de justicia, mientras solo reporta 10 contrataciones de policías de campo (con salarios de 11 mil pesos mensuales) y dos de policías de investigación de campo (de 17 mil pesos mensuales), se contrate a 36 analistas administrativos con salarios mensuales de 17 mil pesos.
El reportaje de El Universal pone el dedo en la llaga de la falta de personal operativo para que la Fiscalía General realmente persiga a los delincuentes y brinde justicia a los veracruzanos. “De dos mil 984 empleados que tienen actualmente el organismo autónomo, menos de 900 conforman el estado de fuerza de la Policía Ministerial.”
Y especifica los perfiles de los nuevos colaboradores del joven Fiscal:
“De las 127 nuevas contrataciones reportadas en los documentos de la Subdirección de Recursos Humanos, se incluyen los 36 analistas administrativos, once auxiliares administrativos, nueve analistas jurídicos, así como directores, fiscales, jefes de departamento, subdirectores y un abogado general y un visitador generales, estos dos últimos con salarios superiores a los 50 mil pesos”.
No podemos dejar de observar que lo que sucede en la Fiscalía General es generalizable al actual gobierno. Deben ser otras prioridades las que mueven al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares cuando además de despedir a miles de burócratas (con años de servicio y sin liquidación) ha vuelto a copar las nóminas con personal que, como es el caso revelado por El Universal, no obedece a las obligaciones constitucionales de las dependencias.
Y así, pues, cómo.
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