En tremendo brete colocó el Congreso de la Unión a los poderes del estado de Veracruz con su petición para que la LXIV Legislatura cancele los contratos que se mantengan con la empresa brasileña Odebrecht, así como con sus filiales y subsidiarias.
De hecho, el Congreso de la Unión dirigió dicho exhorto al Gobierno Federal, a Petróleos Mexicanos, a los gobiernos y congresos de las entidades federativas y a los ayuntamientos, para que “en el ámbito de sus atribuciones, determinen la procedencia de la nulidad, rescisión o revocación de todas las concesiones, contratos, proyectos de prestación de servicios y asociaciones público privadas otorgados a la empresa brasileña Odebrecht, S.A., sus filiales y subsidiarias”.
Las implicaciones de estas acciones serían proporcionales al escándalo por corrupción que llevó a la cárcel al director de la empresa Marcelo Odebrecht, y en el que estarían involucrados varios miembros de la clase gobernante mexicana que, o bien recibieron sobornos para “facilitar” la operación de la empresa y otorgarle contratos multimillonarios, o de plano participaron directamente en los negocios del consorcio brasileño. Uno de ellos, para no variar, fue el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.
En una investigación publicada a mediados de abril, poco después de la detención en Guatemala de Duarte de Ochoa, la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad detalló cómo el gobierno de Veracruz facilitó a empresas filiales de Odebrecht la asignación de contratos para la generación de energía eléctrica y la concesión del servicio del agua potable a través de dos representantes de esa empresa, quienes enfrentan procesos judiciales en Brasil por actos de corrupción.
Uno de ello es Eduardo de Melo Pinto, a quien se acusa de estar involucrado en el pago de sobornos por tres millones de dólares a un político brasileño. Este personaje es señalado como fundador, director y apoderado de tres empresas establecidas en Xalapa, asociadas con el gobierno estatal desde 2013 para generar energía eléctrica.
Una de estas empresas es la Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa, que se constituyó el 19 de abril de 2013 y con la cual el gobierno duartista se asoció adquiriendo, entre otras obligaciones, el pago de 355 millones 795 mil 600 pesos para desarrollar un proyecto de abastecimiento de agua en la capital del estado, con un plazo de operación de 25 años, tal como se publicó en la Rúbrica del 20 de septiembre de 2015 (http://rubricacolumna.blogspot.mx/2015/09/un-cheque-en-blanco-para-duarte.html).
El proyecto era construir una presa en el Río Los Pescados, mismo que se truncó ante la oleada de protestas de los habitantes de Jalcomulco que llevó a que la Comisión Nacional del Agua no autorizara la obra. Sin embargo, en septiembre de 2015, Duarte de Ochoa buscó que el Congreso del Estado le autorizara afectar las participaciones federales que recibía Veracruz para con ese dinero pagarle a la empresa los más de 355 millones de pesos que le “debía” por una obra que no se llevó a cabo.
A pesar de que en ese momento Duarte de Ochoa aseguró que ya no existía contrato alguno con la Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa, de acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Odebrecht cuenta con dos permisos para generar electricidad en el Río los Pescados, otorgados por la Comisión Reguladora de Energía, “que podría utilizar en cualquier momento”.
El otro representante de Odebrecht señalado de hacer tratos con el duartismo es Javier Chuman Rojas, acusado de lavado de dinero en obras ejecutadas por la empresa brasileña en Angola, y quien fungió como director de Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS), al que se le entregó la concesión del servicio del agua potable en el puerto de Veracruz por 30 años.
La recomendación del Congreso de la Unión para que se revoque cualquier contrato y acuerdo con Odebrecht parecería lo más sensato, salvo por un “pequeño detalle”: eso quizás implicaría un problema legal multimillonario para el estado de Veracruz. En el caso de Grupo MAS, por la indemnización a los demás socios participantes, como la empresa catalana Aguas de Barcelona.
Pero en el caso del más grande proyecto de inversión en infraestructura petroquímica que se desarrolla en el país, el problema se torna gigantesco. Porque no hay que olvidar que Odebrecht participa a través de Braskem, otra de sus filiales, en el complejo Etileno XXI, el mayor productor de resinas termoplásticas de América Latina, el que se invirtieron cinco mil 200 millones de dólares y que está en operación desde junio del año pasado. ¿A poco lo van a cerrar o desconocer a la empresa, si ésta lo construyó? ¿Cuánto le costaría eso al país?
En la misma entrega del 20 de septiembre de 2015, nos preguntamos quién más sería socio de Odebrecht en Veracruz, ante la insistencia por favorecerla. Aquí va una pista: el que firmó el contrato con el consorcio brasileño para la construcción de Etileno XXI, en mayo de 2010, fue Fidel Herrera Beltrán. ¿Será por eso que le fue tan bien a esa empresa en el estado en los años siguientes?
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