Uno de los secretos mejor guardados por el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV), Roberto Sigala Aguilar, es el de su lugar de nacimiento.
Al menos en el portal institucional del TEEV, donde se publica su amplio currículum profesional y académico, no aparece ningún dato acerca de dónde es.
Esto, obviamente, ha venido a alimentar las sospechas y los rumores sobre su origen natal, pues ha trascendido también que inexplicablemente la embajada estadounidense le habría negado la Visa.
Según se cuenta, sus propios pares, los magistrados Javier Hernández y José Oliveros Ruiz, a veces suelen hacer chascarrillos a sus costillas, como cuando el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue detenido por la Interpol en Guatemala, país de donde presuntamente sería oriundo Sigala, cuya carrera de abogado la cursó en la Universidad Veracruzana.
Casualmente esta versión volvió a cobrar fuerza la semana anterior por una carta que el exsecretario general del CEE del PRD, Daniel Nava Trujillo, publicó en el portal de noticias Alcalorpolitico.com acerca del polémico proceso interno del partido del sol azteca para elegir a su candidatos a las alcaldías, aludiendo concretamente al caso del municipio de Emiliano Zapata, por el que los magistrados electorales habrían sido objeto de todo tipo de presiones.
Nava escribió que, en este caso, su partido “incumplió lo dispuesto por su propia convocatoria y marco legal interno; es más, dicho proceso no llega ni a ser selección o elección de candidatos, es, fue y seguirá siendo una designación sujeta a los intereses de un grupo interno y de los intereses, en específico, del secretario de Gobierno del Estado y aún presidente de facto del PRD, Rogelio Franco Castán”.
El expresidente del Consejo Nacional perredista acusó que “la decisión interna se realizó pasando por encima de los derechos de muchos militantes y sacrificándolos para imponer, en su gran mayoría, a candidatos externos que no tienen más compromiso que usufructuar la franquicia de la Coalición PRD-PAN”.
“Ahora –apuntó– la batalla interna del PRD se libra en el Tribunal Electoral Estatal, los militantes intentando defender su derecho por la vía legal contra funcionarios partidistas y de gobierno intentando corromper los órganos judiciales, tratando de comprar conciencias y haciendo presión desde sus cotos de poder para obtener la voluntad de magistrados a su favor y de lo cual hablan pública y cínicamente, comprometiendo la honorabilidad del Tribunal Estatal Electoral y de quienes lo integran.
“Es emblemático el caso de la lucha por la candidatura de Emiliano Zapata, un grupo de militantes y simpatizantes tratando de impedir que se perpetúe una administración municipal corrupta, señalada públicamente de un sinfín de arbitrariedades y delitos, de la familia Olmos, que ha hecho de la administración municipal su negocio familiar, que se permiten chantajear al Gobernador por conducto del hijo del alcalde, ahora Diputado panista, de salirse de la fracción y no apoyar las iniciativas del Gobierno; entonces funcionarios del partido y de Gobierno prefieren entrar en el juego de chantaje y la corrupción tratando de beneficiar a esta familia para imponer al sobrino del Alcalde, a costa de sacrificar a toda la población de este municipio.
“Ahora, para lograr su objetivo, tratan de corromper el sistema de impartición de justicia electoral de nuestro Estado.
“La lucha de la democracia al interior del PRD se concreta en la resolución sobre la candidatura de Emiliano Zapata. Ya que si el Tribunal resolviera ratificar la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de designar como candidato al Ingeniero Daniel Baizabal, el resto de los municipios impugnados serían resueltos bajo los mismos criterios, es decir, que dichas candidaturas fueron designadas en un proceso viciado y carente de elementos democráticos.
“Es ahora el turno del Tribunal Electoral de Veracruz de hacernos creer de nuevo que la impartición de justicia en nuestro estado no se vende, que no se encuentra al servicio de los intereses de delincuentes que pagan favores con dinero robado de las arcas municipales.”
Y con jiribilla, Nava aducía: “Los perredistas esperamos que el Tribunal Electoral y su Presidente, sean congruentes con el Estado de Derecho y el marco normativo, que la acción de las autoridades guatemaltecas en la detención de quienes robaron las arcas estatales, les inspire y sea un paradigma de vida profesional para ellos.
“Estoy convencido de que ahora muchos mexicanos confían más en la justicia guatemalteca y sus funcionarios judiciales que imparten justicia, que en los que han nacido en esta tierra.
“Quizá a algunos les haga falta una transfusión de sangre guatemalteca para que este pueblo, tan maltrecho por la impartición de justicia, pueda reivindicarse con los veracruzanos y todos los mexicanos”, concluía.
Su carta, coincidentemente, surtió efecto, pues este martes 9 la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD ratificó la candidatura de Baizabal, dando cumplimiento al ordenamiento emitido por el Tribunal Electoral del Estado tras el recurso legal que interpuso Luis Sergio Leyva Olmos, luego de que el CEN del sol azteca le retiró al sobrino del alcalde Daniel Olmos la candidatura para dársela al expriista.
