La Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Contitucionales y Gobernación, la solicitud de juicio de procedencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de la diputada con licencia, Eva Felicitas Cadena Sandoval.
Durante la lectura de la correspondencia, la secretaria de la Mesa Directiva, Regina Vázquez Saut, dio cuenta del oficio signado por el titular de la dependencia ministerial, Jorge Winkler Ortiz, en la que les pide que desaforen a la legisladora, a quien investiga por violaciones a la normatividad electoral.
“En razón de que a la fecha se le instruye en contra una investigación ministerial iniciada de manera oficiosa en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en la Atención a Denuncias Contra Periodistas y/o Comunicadores, con motivo de conductas cometidas durante su encargo, que pudieran constituirse en delitos electorales, en agravio del adecuado desarrollo de la Función Pública Electoral, registradas en el pasado mes de abril del año en curso”, se menciona el documento de fecha 3 de mayo.
Se añade que la FGE cuenta con constancia del material de prueba, dictamen pericial de etnografía forense y secuencia fotográfica; así como con las debidas circunstancias de modo, tiempo, lugar y audios donde consta la entrega de cantidades de 500 mil pesos, 10 mil dólares y 50 mil pesos en efectivo, los cuales serían presuntamente entregados al presidente del Comité Ejecutivo de Morena, partido al cual representaba la diputada y por la cual estaba nominada a la alcaldía de Las Choapas.
La Fiscalía General agrega que con ello se violan las normas establecidas por el Código Electoral vigente para el estado de Veracruz, que prohíbe a los partidos políticos recibir aportaciones de personas no identificadas; a su vez, se violentan las reglas operativas del OPLE, que limita la recepción de aportaciones de simpatizantes individuales a 171 mil 533 pesos.
Se señala el no cumplimiento del procedimiento establecido para todo partido, el cual regula las reglas de recepción de aportaciones que no provengan del erario público; así como los topes de financiamientos y gastos y obliga a los receptores a expedir recibos foliados y celebrar contratos; entre otros, de lo cual da cuenta la Fiscalía Especializada.
Cabe mencionar que las comisiones permanentes unidades a las que fue turnada la solicitud deberán elaborar un dictamen y enviarlo a la Secretaría General del Congreso quien tendrá un plazo máximo de tres días para turnarlo a la Comisión Instructora.
La Comisión Instructora deberá notificar a la legisladora local para que en un periodo de siete días se presente a declarar. Transcurrida su comparecencia, se estipulará un plazo de hasta diez días para evaluar las pruebas y alegatos y posteriormente se elaborará el dictamen que votará el pleno.
