En tanto los derramamientos de sangre cobran sus primeras víctimas por el pleito entre huachicoleros y policías federales, los políticos llevan agua a su molino, sin importarles que la falta de control y operación política del conflicto, alcance la furia incontrolable para el comienzo de una guerra civil, al estilo venezolano, en la víspera de la elección presidencial de 2018.
Lo que comenzó como una actividad criminal dedicada al robo y el tráfico ilegal de combustible de Pemex, está siendo aprovechado para reclamar al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que actúe con mayor energía y eficacia, empleando al Ejército y la Marina para encarcelar a los controladores de los principales puntos de robo de combustible, distribución y venta, que por cierto están bien identificados por Pemex y por Seguridad Nacional y solo falta la voluntad política para terminar con mano firme éste asunto de naturaleza politico, policiaco, energético y de seguridad nacional.
En tiempos en que gobernaba Vicente Fox Quezada, se comenzó a replicar en reuniones de gabinete económico, las pérdidas económicas que hoy alcanzan entre quince mil y veinte mil millones de pesos, de esa magnitud era el robo sufrido por Pemex y el quebranto financiero a la Secretaría de Hacienda; por ello desde hace más de catorce años, los responsables de la Secretaria de Energía y Minas, de Hacienda, de Pemex, de la Defensa Nacional y la Marina, más ocho Procuradores Generales de la República que han desfilado por la dependencia que procura justicia y persigue y encarcela a los delincuentes, sin resultados eficaces y sin que a la fecha alguien haya podido terminar de tajo con el productivo negocio convertido en monopolio de los huachicoleros.
Los estados en cuyos territorios se registran el mayor número de chupa ductos son Puebla y Guanajuato; sin dejar de señalar que desde Tabasco, Campeche, Veracruz y Chiapas, y hacia el centro y noreste de la república, en los estados de Hidalgo, Querétaro y Tamaulipas, también el robo de combustible a Pemex representa una preocupación para los gobiernos estatales y municipales, que han resentido incendios y estallidos con daños colaterales y muertos y heridos de suma gravedad, en zonas rurales y urbanas; y cerca de hospitales, escuelas, y dependencias oficiales, que han puesto en riesgo a la población civil.
El Triángulo Rojo es de tal importancia económica e ilegal si se considera una utilidad por la venta de combustible robado, de aproximadamente mil seiscientos millones de pesos mensuales, que benefician directamente al crimen organizado. Está comprendido por los municipios de Tepeaca, Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo, Acajete, Tecamachalco y el poblado de el Palmarito, convertido en noticia nacional por el intercambio a balazos entre militares y huachicoleros, con un saldo de diez muertos y un número de heridos por identificar; donde además han ocurrido incendios y explosiones por las tomas clandestinas improvisadas y otras más debidamente instaladas por provenir de ex trabajadores de Pemex, coludidos con la delincuencia organizada.
La importancia de esta zona obedece a que los principales ductos que llevan el hidrocarburo a la Ciudad de México, en un cuarenta por ciento pasan por ahí, para ser distribuido a otras zonas del país, y también representan la mayor “ordeña” que los chupaductos han podido controlar y que hoy disputan a sangre y fuego en medio de la guerra del huachicol. Solo falta la politización del conflicto, ante lo oscuro del incidente del Palmarito y la cercanía de la elección de las gubernaturas de Coahuila, Nayarit y Edomex; más la renovación de ayuntamientos en los trescientos noventa y cinco municipios ubicados en esas tres entidades y Veracruz.
El licenciado Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de MORENA, ya solicitó que cesen las agresiones de militares a campesinos; y por su parte el presidente Enrique Peña Nieto ha instruido al Ejército, no permitir más agresiones de la delincuencia contra la sociedad civil y las fuerzas de seguridad nacional. A ver en qué termina éste asunto.
