Muy discretamente o mejor dicho timidamente, el Gobierno Federal acepta que la garantía de la Seguridad Pública para los mexicanos no se está cumpliendo constitucionalmente y el problema se puede convertir en una crisis mayor si no se resuelve inmediatamente.
Las vendetas y balaceras en Sinaloa, Tamaulipas, Baja California y, ahora, Puebla con los “huachicoleros” ponen en una encrucijada a las corporaciones y autoridades encargadas de brindar protección y seguridad alos ciudadanos mexicanos.
Los grupos delicuenciales exhiben los alcances de sus redes que, como el caso de los chupaductos, han demostrado un reto a las autoridades policiales, diariamente hay enfrentamientos y diariamente soldados, civiles y delincuentes mueren.
El Presidente Peña Nieto, ha pedido a los gobernadores y alcaldes aplicarse más en los asuntos de seguridad, sin embargo, no hay capacidad de ningun nivel de gobierno para atender esa solicitud.
En otras regiones del país, se incrementan los delitos del fuero comun, repuntan los asesinatos dolosos y emerge la psicosis en la población que tiene temor de, incluso, realizar sus actividades cotidianas como el caso de Tamaulipas donde las balaceras son todos los dias en cualquier lugar y a cualquier hora.
En Guerrero, la llamada “Tierra Caliente” dos bandos de delincuentes identificados pelean el territorio para dominar el negocio del crimen, tienen azolada a la población y la autoridad estatal no los ve ni quiere saber qué pasa en esa región.
Veracruz no es la excepción, aquí en el estado tambien han aumentado la violencia e inseguridad acentuandose más en el norte y sur del entidad, Cordoba y Orizaba. No negamos que las fuerzas del orden tratan de hacer su mejor esfuerzo pero casi siempre llegan tarde.
Llama la atención un declaración reciente del general Salvador Cienfuegos, Secretario de Defensa, con respeto a los “chupaductos” donde menciona que es responsabilidad de las autoridades de seguridad pública de los estados, ellos, dijo, son los responsables de resolver cualquier asunto relacionado con el crimen.
El Ejército y la Marina Armada, coadyuvan y colaboran en acciones para combatir a las bandas delincuenciales, siempre, a pedimento de los gobernadores. Debemos aclarara que estas dependencias militares no sustituyen a las policías ni las funciones que cada entidad tiene con sus fuerzas para la seguridad pública.
Este panorama agrava más las cosas porque muchos gobernadores quieren y creen que es obligación de las fuerzas militares la persecución de los delincuentes y del propio delito, esperan que el Ejército y la Marina resuelvan el problema que se ha generado por años en cada estado y de acuerdo con las palabras del General Cienfuegos, las autoridades policiales de los estados no se han aplicado totalmente y surgen las perspicacias sobre las complicidades, protección, dependencia de las corporaciones de Seguridad Pública.
Y efectivamente es aquí donde surge la pregunta en la ciudadanía ¿cuáles son los reportes de eficacia de las policías estatales y municipales? ¿En verdad creen que los cuerpos militares son los que deben sustituir a los policías para perseguir el delito y a los criminales? ¿Los niveles de corrupción hasta donde han llegado dentro de las corporaciones policiales?
Estas y otras tantas interrogantes surgen en la mente de los ciudadanos, demuestran ineficiencia y falta de estrategia para cumplir con el mandato constitucional de brindar seguridad pública al pueblo del estado.
El verdadero problema es que al que le está resultando ya una crisis social es al gobierno federal que, con tanta permisibilidad a los gobernadores y otros niveles de gobierno, el Presidente Peña Nieto representa a un país que está fallando ante tanto crimen e inseguridad en todo el país.
Hacerse de la vista gorda durante tantos años hace que México sea un país violento, donde la ciudadanía está expuesta a cada momento a ser víctima…
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