De manera conjunta, las diferentes fracciones legislativas en el Congreso del Estado presentaron la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz, en materia de anticorrupción.
Los diputados, en tribuna, afirmaron que es inconcuso que resulta necesario proceder a la modificación de la Carta Magna para adecuarla al marco constitucional y legal que regula este campo en el ámbito federal.
Es decir, establecer el Sistema Estatal Anticorrupción, como mecanismo integrado a las obligaciones correlativas y acciones de coordinación con los demás órdenes de gobierno, para prevenir, identificar y sancionar las conductas desplegadas por los servidores públicos que actualicen hipótesis de responsabilidad administrativa o cometan hechos de corrupción sancionados por la ley.
Ello mediante un área especializada, bajo la figura de Fiscalía, ubicada en la estructura de la Fiscalía General del Estado (FGE), dotada de autonomía de acción y decisión para efectuar sus investigaciones sobre los actos de comisión u omisión que produzcan conductas punibles; al tiempo de permitir figuras de control social mediante la instauración de un comité coordinador y un comité ciudadano.
Dejando de lado sus colores partidistas, los legisladores locales coincidieron en incorporar las previsiones constitucionales y legales necesarias para actualizar la función de fiscalización superior, control y vigilancia sobre el manejo y comprobación de los recursos públicos, en estrecha vinculación con las normas constitucionales relacionadas con la disciplina financiera de entidades federativas y municipios.
Asimismo, convergieron en instituir el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, sustitutivo de las funciones del vigente Tribunal de lo Contencioso Administrativo, adicionándole las atribuciones suficientes para resolver sobre las imputaciones procesales de responsabilidad administrativa, y por las faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos y por particulares involucrados en esas conductas.
María Elisa Manterola Sáinz, María del Rocío Pérez Pérez, Ángel Armando López Contreras, José Kirsch Sánchez y Rodrigo García Escalante, en nombre de sus respectivas bancadas, expusieron que la corrupción es un problema considerado mayúsculo, estructural e histórico en nuestro país.
Adicionalmente, en la exposición de motivos, se expuso que el Observatorio Económico de México asevera que la corrupción genera una pérdida económica equivalente al 2% del Producto Interno Bruto Nacional, monto que asciende a los 341 mil millones de pesos; en tanto que, para la Organización de los Estados Americanos (OEA) ésta cuesta relativamente cinco veces más que a nivel mundial, situándola en 10% del Producto Interno Bruto (PIB) Nacional.
Por su parte, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CESSP), concluye que le cuesta a nuestro país cerca de 1.5 billones de pesos, equivalente a 10% del PIB y Banco Mundial, sostiene que los costos de la corrupción en México representan el 9% del Producto Interno Bruto Nacional, es decir, 1.5 billones de pesos anuales.
