Efraín Martiz Aguirre, padre del joven Gibrán Martiz quien fue secuestrado y asesinado en 2014, aseveró que la Fiscalía General del Estado (FGE), debe efectuar una reacusación en contra de los siete policías implicados en esos hechos.
En rueda de prensa, señaló que los últimos dos días ha acudido a la dependencia para ampliar su denuncia, con la finalidad de que ésta cumpla con la recomendación 14/2015 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y se reformulen las acusaciones contra los siete ex elementos del ex secretario de seguridad pública, Arturo Bermúdez y que actualmente están libres.
«Los siete policías que secuestraron a mi hijo salieron con una fianza de 5 mil pesos pero por eso la Fiscalía debe hacer una reacusación a los policías por el delito de secuestro agravado».
Asimismo, comentó que ha aportado pruebas, como la ubicación de su hijo en la Academia de Policía de El Lencero, en donde dijo puso rastrear durante 13 días su celular.
Acusó también que el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, son los responsables de muchas desapariciones en Veracruz por lo que exigió que haya justicia para todos los desaparecidos.
Informó que además, el joven de 25 años José Eduardo de la Cruz Caballero, secuestrado junto con su hijo no ha sido encontrado.
Lamentó que sea difícil acusar a Bermúdez Zurita por estos crímenes, pues dijo que para lograrlo tendría que acusar directamente algún miembro de ese «grupo de élite» conformado para realizar levantones y secuestros.
“El delito por el que armó el caso la Fiscalía General de Luis Ángel Bravo fue por abuso de autoridad, no le dio la gana a la FGE armar un caso por el tema de secuestro con la agravante de que posteriormente ellos fallecieron, posteriormente nunca se comprobó, como ellos decían, que los habían soltado posteriormente”.
Del mismo modo, acusó a la fiscalía de haber armado un caso débil, endeble, para que solo pagaran un abuso de autoridad, por lo que fue omisa al respecto.
Recordó que fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos la que emitió una recomendación para que se investigará el delito de secuestro agravado y Luis Ángel Bravo Contreras nunca lo hizo.
“Él era el fiscal del pueblo, de nosotros, él defendió a Bermúdez Zurita y a todos sus policías y definitivamente, por omisión es culpable también». Dijo que a Bermúdez «le tenían miedo».
Finalmente manifestó que tras dos meses de buscar la cita con el nuevo fiscal, se pudo ampliar la declaración para resolver el caso.
“Si nosotros no ponemos un antecedente o escarmiento con el caso de periodistas, los muchachos que han muerte de que alguien caiga por esos delitos, la gente va a seguir impune, porque no pasa nada, no voy a la cárcel”, finalizó.
