En la sesión ordinaria de este martes, se informó que 91 cabildos municipales avalaron la Reforma Constitucional aprobada en segunda vuelta, por la que los titulares de los órganos autónomos están obligados a comparecer ante el Congreso, tal como actualmente lo hacen los secretarios de despacho y el contralor General del Estado.
A los restantes 121 municipios, se les aplicó la afirmativa ficta, ya que al pasar 60 días desde que recibieron la notificación, no sesionaron para discurrir el asunto, por lo que se entiende que estuvieron a favor.
El pasado 15 de diciembre de 2016 y por unanimidad de votos, los diputados de la Sexagésima Cuarta Legislatura local sancionaron el decreto que reforma y adiciona fracciones de los artículos 33 y 67 de la Constitución Política local, por lo que al recibir el aval de la mayoría de los ayuntamientos, quedó formalmente establecida.
Los cambios a la Carta Magna veracruzana refieren que los titulares de los órganos comparecerán para entregar un informe anual de actividades, sin que ello se entienda como una intromisión a su naturaleza de autonomía, el cual aplicaría a partir de este año.
Dicho informe será motivo de glosa como se lleva a cabo en el informe de actividades del Poder Ejecutivo, estableciendo un orden y procedimiento claro para su presentación, que se detallará en la normatividad secundaria.
“Para efectos de que los Organismos Autónomos del Estado rindan cuentas sobre el estado que guardan su gestión, deberán presentar anualmente un informe de Actividades al Congreso del Estado, conforme al formato que se establezca en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su respectivo Reglamento”, refiere la modificación al artículo 67 constitucional.
En el mismo apartado, se especifica que fiscal General presentará anualmente un informe de actividades ante los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, y deberá comparecer ante el Congreso y cuando éste así lo requiera para informar sobre un asunto de su competencia.
En este último caso, la comparecencia se efectuará ante una Comisión del Congreso y la sesión no será pública, debiendo los asistentes guardar reserva sobre cualquier asunto abordado en relación con una investigación o proceso.
En la substanciación de la iniciativa que data de principios de junio, se señaló que la transparencia facilita la evaluación y revisión de programas y políticas públicas, por lo que uno de los indicadores objetivos de la calidad democrática de una sociedad es la transparencia de sus instituciones.
“Se hace indispensable el ejercicio del derecho de acceso a los documentos públicos para someter el poder de decisión de los sujetos obligados a la evaluación y revisión; es decir, se favorece la rendición de cuentas”, se puntualizó.
Con la reforma constitucional, se apuntó, se avanza a una rendición de cuentas escrupulosa, que dé certeza a la sociedad de que estos organismos cumplen sus funciones apegados a la legalidad y presentan resultados acordes a los objetivos que fueron planteados desde sus presupuestos y programas.
Por otra parte, se dio a conocer que 58 cabildos, con excepción de Camarón de Tejeda que votó en contra, dieron su visto bueno para adicionar un tercer párrafo al artículo 8 de la Constitución Política local, para obligar al Estado a garantizará a todas las personas el derecho de acceso a los servicios de agua potable, en cantidad suficiente y en condiciones de seguridad y calidad para satisfacer necesidades personales y domésticas.
A los demás 153 municipios también se les aplicó la afirmativa ficta.
