Fue La Jornada Veracruz la que volvió al centro de la atención el tema de una denuncia por enriquecimiento ilícito en contra del actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y de su hijo el alcalde de Boca del Río Miguel Ángel Yunes Márquez.
El reportero Jair García recordó el miércoles que la acusación fue hecha por diputados locales del PRI de la pasada Legislatura, actuales diputados federales veracruzanos tricolores, el Movimiento de los 400 Pueblos y el propio gobernador entonces Javier Duarte.
El caso cobró actualidad porque en mayo pasado un juez federal ordenó a la Fiscalía entregar el expediente a la PGR, lo que apenas la semana pasada se cumplió, de acuerdo a la averiguación 1224/2015 del Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Boca del Río.
¿Se trató de un mero trámite para acalambrar al gobernador con miras a lo que viene en 2018, ya sea para inhibirlo con su candidato a sucederlo y ayudar al PRI a retornar al poder, o bien para asegurar que se mantenga aliado al poder federal en su combate contra Andrés Manuel López Obrador?
Que yo advierta, el gobernador no le ha dado problemas al presidente Peña Nieto (como los que tuvieron Felipe Calderón y Fidel Herrera), por los encuentros que han tenido se ve que se llevan bien, y aunque no hay forma de probarlo, quedó la percepción de que, en efecto, con el caso de Eva Cadena se ayudó a desacreditar a AMLO y a Morena lo que en parte contribuyó a su derrota en el Estado de México.
El miércoles 31 de mayo, en su columna que publica en El Universal, Carlos Loret de Mola trajo a colación el asunto. Con el encabezado: “La lista de 8”, recordó que el año pasado el SAT reveló que varios gobernadores y ex gobernadores estaban bajo investigación por fraudes fiscales. Preguntó: “¿Cuál es el estado de estos expedientes?” Su propia respuesta fue: “Se desconoce”.
Dijo que primero corrió la historia de que eran cinco, pero que “según fuentes muy confiables” en realidad se trataba de ocho “cuya (mala) fama trasciende el ámbito de sus estados y se ha vuelto materia de observación nacional”: Andrés Granier, de Tabasco; Javier Duarte, de Veracruz; Roberto Borge, de Quintana Roo; Humberto Moreira, de Coahuila; Guillermo Padrés, de Sonora; Rodrigo Medina, de Nuevo León; Ángel Aguirre, de Guerrero; y Miguel Ángel Yunes, de Veracruz.
El párrafo más extenso fue el que le dedicó al gobernante veracruzano.
“Miguel Ángel Yunes es un caso singular. El gobierno federal lo empezó a investigar mientras competía por la gubernatura. Tras vencer en los comicios, el asunto del expediente contra Yunes ha subido y bajado de nivel un poco en función de los arreglos políticos y el tono del discurso del ya mandatario veracruzano. El gobernador ya anda en otras: se ha vuelto un aliado estratégico del gobierno federal en la pugna contra Andrés Manuel López Obrador y, sin ir más lejos, las dirigencias estatales de PAN y PRD en Veracruz lo destaparon ayer para la Presidencia en 2018”.
Apenas hace unos días, un amigo director de un medio al que considero muy bien informado, cuando platiqué con él sobre el comentario de Loret, me corrigió: aliado del gobierno federal no, del presidente Enrique Peña Nieto.
Me llaman la atención las últimas visitas a Veracruz del mismísimo Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, aunque se supone que no se mete en política y es institucional, así como la del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, este sí político político. Sus presencias no parecieran ser indicio de que se quiera ir contra Yunes.
Con otro detalle: a principios de mes, cuando se oficializó la petición formal al gobierno de Guatemala para la extradición de Javier Duarte a México, no dejó de llamarme poderosamente la atención el respaldo de la Procuraduría General de la República (un órgano que depende del Poder Ejecutivo Federal, cuyo titular es precisamente Peña Nieto) a Yunes, lo que me hizo recordar el comentario de Loret.
Y es que en la petición se incluyeron las dos órdenes de aprehensión del fuero común contra el exgobernador, que fueron giradas por la Juez de Control del Distrito Judicial de Xalapa, Alma Leida Sosa Jiménez, quien despacha en Pacho Viejo, con base en las denuncias que presentó la Fiscalía General del Estado en cumplimiento al ofrecimiento que hizo en su campaña Yunes Linares.
Entonces se informó que en un expediente se instruyó la captura por abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición en agravio del servicio público, y en el otro, por incumplimiento del deber legal y tráfico de influencias, aparte de otro de orden federal por delincuencia organizada y lavado de más de 439 millones de pesos.
Si nos atenemos al aspecto estrictamente legal, el hecho se consideraría normal, pero resulta que en el sistema político mexicano cuando se trata de personajes políticos importantes como lo fue Duarte, que fue priista como lo es el presidente Peña Nieto, esa decisión, la de atender una denuncia de un gobierno local de oposición, en este caso del PAN, y respaldarla desde la instancia federal no se toma si no es con el visto bueno del Tlatoani.
Me pregunto qué pensarán de esto los priistas de Veracruz, que en lugar de que el gobierno federal hubiera continuado adelante en la investigación que pidió Javier Duarte en contra de Miguel Ángel, al contrario, la que atienden es la de éste.
¿Acaso es el pago a un arreglo político para ayudar a debilitar a Andrés Manuel López Obrador y a su partido Morena para que no ganaran en el Estado de México, de lo que formaron parte los videos de Eva Cadena?
¿Si eso hubiera sido cierto, continuarán de aliados para 2018?, porque en Xalapa he escuchado voces de políticos que hablan de un posible arreglo, que en el caso de Veracruz comprometería la gubernatura para que la siga reteniendo el PAN, esto es, que Veracruz, su gobierno, apoye a Peña Nieto para que saque adelante a su candidato presidencial (¿el doctor José Narro Robles?) y a cambio se le facilite que gane la elección local.
Suena aventurado pero tiene lógica, porque el mexiquense querrá salir por la puerta grande a cambio incluso de dar más recursos al gobierno de Yunes Linares, además de que impedirían que llegara al poder Andrés Manuel López Obrador, lo que verdaderamente les preocupa por todos los privilegios que perderían. Incluso, que yo sepa, un aspirante priista no descarta esa posibilidad y hasta estaría pensando no participar si ve señales claras en ese sentido.
Por otro lado, el respaldo de la PGR a la Fiscalía de Veracruz, al gobierno panista, podría hacer que Duarte no sólo devolviera lo más que pudiera de lo que sustrajo, sino que se actuara contra más funcionarios del sexenio pasado, lo cual no está fuera de ser considerado.
El propio gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, una vez pasada la elección, advirtió que en las próximas semanas continuarían los procesos judiciales en contra de exservidores públicos de la administración de Duarte.
Dijo que esperaba que pronto fuera extraditado y se ejecutaran las órdenes de aprehensión para recuperar todo el dinero que sustrajo. “Aquí en Veracruz continúan los procesos en contra de varios servidores públicos de su administración, seguramente continuarán en las próximas semanas y hay ya varios en la cárcel. Se han recuperado recursos importantes, pero no la cantidad que se llevaron; se ha recuperado una cantidad mínima”, aceptó.
Consideró urgente que ya esté en México el exgobernador para que responda por lo que hizo y devuelva lo que se robó, porque no es posible que haya dejado a Veracruz en la bancarrota y que él y muchos de sus protegidos sigan teniendo millones en sus cuentas de banco.
De todos, la pregunta es válida: ¿por qué, o para qué atrajo la PGR el expediente contra Yunes Linares?
