De acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el periodo 2010-2016, cuando Duarte estuvo al frente de la entidad, se constituyeron decenas de compañías que en su conjunto defraudaron a la autoridad con al menos 20 mil 940 millones de pesos a través de la simulación de operaciones.
Ese monto equivale a casi la mitad de la deuda total del estado y el 56.4 por ciento de las participaciones federales recibidas por la entidad en 2016. Es también poco más del presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para sueldos y salarios de sus funcionarios.
El exgobernador estará tras las rejas en Guatemala, pero el fisco mexicano se ha quedado con la labor de investigar una red de al menos 225 empresas que se constituyeron legalmente y que facturaron operaciones inexistentes durante varios años con el objeto de evadir impuestos.
DE VENTAS Y CONSTRUCCIÓN
Según los registros del SAT, entre las empresas defraudadoras con domicilio fiscal veracruzano están, sobre todo, comercializadoras y constructoras como Consorcio Constructor y Proveeduría Génesis, Comergut, Carrirey, Argos Outsourcing, Comercial Fumet y Corporativo HR.
Todas ellas fueron acusadas en definitiva por la autoridad de haber evadido impuestos con la simulación de operaciones comerciales.
Entre las empresas fantasma asentadas en Veracruz que tiene conocimiento la autoridad está también Blunderbuss Company de México, que de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), habría recibido unos tres millones 754 mil dólares de la empresa brasileña Odebrecht para el pago de sobornos a funcionarios mexicanos, que a cambio facilitaron contratos en el país.
FANTASMAS
“La debilidad institucional que había en la entidad se convirtió en un catalizador para que un número importante de empresas fantasma se asentaran y operaran con relativa libertad”, dijo Martín Fierro, socio de la firma global de fiscalistas RSM.
“El número de empresas ‘de papel’ y el monto de la defraudación fiscal es muy elevado desde cualquier métrica”, agregó.
Según su explicación, las empresas fantasma en México tienen como característica que comparten un mismo domicilio fiscal, que en muchas ocasiones no es más que una bodega abandonada o un cuarto donde se acumulan papeles y computadoras, que constantemente emiten facturas por operaciones comerciales que nunca ocurren.
En sus auditorías, el fisco determina si una empresa cuenta o no con la capacidad humana y material para haber llevado a cabo esas operaciones.
“Se trata de un delito grave y hasta ahora ha sido difícil de detectar para la autoridad, porque las empresas desaparecen tan rápido como se constituyen, es decir, simulan unas cuantas operaciones, salen del radar y luego se constituyen con otra razón social para continuar con este delito”, explicó Manuel Toledo, socio fiscal de la firma Andersen Tax & Legal.
Los números evidencian que a la autoridad le cuesta mantener el paso con los delincuentes, pues actualmente el monto de la defraudación fiscal a través de la simulación de operaciones supera los 290 mil millones de pesos a nivel nacional, mientras que hace tres años el monto apenas rebasaba los 90 mil millones.
“Es un asunto complejo a nivel nacional, pero en algunos estados como Veracruz la situación es más difícil”, añadió Fierro, de RSM.
