Luis Emilio Diaz Ibarra, director general de Tránsito y Seguridad Vial del estado de Veracruz, confirmó que desde el inicio de la presente administración, entre 50 y 60 agentes viales de la entidad veracruzana han sido cesados por incurrir en actos de corrupción.
«Normalmente son por actos de corrupción, por solicitar o recibir alguna dádiva».
Pidió a la ciudadanía que denuncien cualquier irregularidad relacionada al actuar de los agentes de Tránsito del estado.
«Seguiremos pidiendo a la ciudadanía que nos informe de cualquier abuso, seguiremos pidiéndole a nuestros elementos de que trabajen de manera cerca a la gente, que busquen dialogar con el ciudadano, que busquen dar un servicio como ahora se les requiere».
Sin embargo, el titular de Tránsito se negó a comentar si algunos de los elementos despedidos tuvieron algún vínculo con la delincuencia organizada.
-¿Vínculos con la delincuencia organizada?-
“Yo no me iría en ese tema, pero si por la mayoría de las veces que hemos visto es por alguna situación de recibir o exigir alguna cantidad de dinero o hacer mal su trabajo”, respondió.
Dijo que la Dirección de Asuntos Internos de la dependencia a su cargo lleva los casos de estos elementos despedidos.
En otro orden de ideas, aclaró que no hay un programa de reemplacamiento general de vehículos en la entidad.
Precisó recientemente se elaboraron nuevas placas, que muestran una imagen diferente a las actuales, para que sean distribuidas entre los automóviles que por razones como robo o extravío no cuenten con la matricula, o por que vengan de otros estados de la República.
Señaló que los automovilistas que requieran de los productos deberán acudir a las instalaciones de la Secretaría de Hacienda más cercanas para hacer el trámite correspondiente.
“Reemplacamiento general no lo hay, no está planteado así, es solamente para vehículos que tengan la necesidad de placas nuevas”.
Finalmente, comentó que en Tránsito del Estado están a la espera de que los legisladores del Congreso local analicen la iniciativa enviada por el ejecutivo estatal que contempla la reclasificación de multas a vehículos.
