El gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, exhortó al Congreso Local a analizar, discutir y en su caso aprobar, las iniciativas que presentó el pasado 2 de mayo y que se relacionan con los cambios a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para disminuir el costo de las multas por infracciones y la Reforma Constitucional en Materia de Combate a la Corrupción.
Durante la lectura de la correspondencia, la secretaria de la Mesa Directiva, Regina Vázquez Saut, leyó los oficios que envió el titular del Ejecutivo, mismos de los que el pleno se dio por enterado.
Cabe recordar que ese día Yunes Linares presentó su iniciativa para que se disminuya el valor de las multas que se apliquen a los conductos por infracciones de tránsito, misma fue turnada a la Comision Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad.
En el proyecto de decreto que deroga la fracción XXVIII del artículo 3, y reforma el artículo 153 de la Ley número 561 de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, el mandatario señaló que su administración no es omisa que ante la situación económica por la que atraviesa no sólo la entidad veracruzana, sino que afecta a todo el país, muchos ciudadanos ven mermado su acceso a una serie de mínimos indispensables como los son una vivienda digna, salud, educación de calidad, alimentación, entre otras.
Expuso que la referida normatividad establece en ese numeral, el monto de las sanciones pecuniarias a que se harán acreedores los conductores de unidades del servicio de transporte público o particular por infracciones a la ley de la materia como a las de su reglamento, sanciones que resultan en algunos casos excesivas, contrarias lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Yunes Linares indicó que si bien debe ser sancionado todo aquel conductor de unidades vehiculares que circulen por las vías de comunicación estatal que infrinjan esos ordenamientos legales, también es verdad que la sanción económica, debe estar dentro de un límite ordinario y razonable, para que no sea desproporcionada con la gravedad de la infracción cometida y con la capacidad económica del infractor.
Por cuanto hace a la iniciativa para crear el Sistema Estatal Anticorrupción, ésta fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constituciones para su análisis y dictaminación.
En la exposición de motivos, el mandatario explicó que éste será la instancia de coordinación entre las autoridades estatales con todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, y contará con un Comité Coordinador y un Comité Ciudadano.
Con el Sistema, añadió, se creará una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para combatir actos y hechos de corrupción, la cual dependerá de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Además se creará el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el que tendrá las facultades de dirimir y resolver en materia de responsabilidades administrativas, debiendo ser el encargado de sustanciar los procedimientos relacionados con faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos y por particulares relacionados con las mismas.
La propuesta estipula reformar lo relativo a las disposiciones de disciplina financiera, eliminando los principios de anualidad y posterioridad, respecto de la función de fiscalización y adicionando la facultad de fiscalizar en forma posterior la deuda pública.
También se prevé fiscalizar en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las participaciones federales y el destino y ejercicio de los recursos correspondientes, respecto a los empréstitos que cuenten con la garantía del Estado.
En el texto enviado se propuso promover las responsabilidades que sean procedentes, ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de sanciones, derivado de sus investigaciones.
Y adicionalmente, planteó entregar al Congreso del Estado, a más tardar el primer día del mes de octubre el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública.
