Prisión de siete a 12 años podría recibir el personal médico o de enfermería que suministre un medicamento evidentemente inapropiado, alterado, compuestos inertes, caducos, clonados o cualquier otra sustancia o compuestos químicos en quimioterapias o en cualquier tratamiento o atención medica en perjuicio de la salud del paciente.
Adicionalmente se le impondría una multa de mil a 2 mil unidades de medida y actualización (UMA) y la suspensión para ejercer la profesión u oficio por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta.
Esto de aprobarse la iniciativa de reforma al artículo 256 y la adición al artículo 253 BIS del Código Penal para el Estado de Veracruz, presentada en la séptima sesión ordinaria del Congreso, por los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN).
La misma pena también aplicaría a los químicos, médicos, biólogos, encargados o trabajadores de laboratorios que fabriquen, comercialicen o distribuyan los referidos medicamentos.
Por su parte, se impondría de 5 a 10 años de prisión y multa de 500 a mil UMA a los dueños, encargados, empleados o dependientes de farmacias que, al surtir una receta, sustituyan la medicina específicamente indicada por otra que sea dañina o evidentemente inapropiada al padecimiento para el cual se prescribió.
Y si este delito es cometido por servidores públicos tales como: personal médico, de enfermería, practicantes o de apoyo pertenecientes a centros de salud de la administración pública, las sanciones se duplicarán.
En la tribuna y en nombre de sus homólogos panistas, el diputado Tito Delfín Cano recordó que en enero pasado el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, dio algunas declaraciones ante varios medios de comunicación, tanto nacionales como estatales, donde aseguró que, durante los dos gobiernos anteriores, la Secretaría de Salud (SS) realizó tratamientos de quimioterapias adulteradas a niños, así como pruebas falsas para detectar VIH.
Añadió que el mandatario aseveró que la primera vez que se detectó la adquisición de material médico apócrifo fue en el año 2010 durante el sexenio de Fidel Herrera, por lo que desde esa fecha ya existía una red de proveedores que suministraban estos fármacos clonados.
Calificó la situación como “verdaderamente atroz”, pues no sólo se vieron involucrados funcionarios de la pasada administración estatal, laboratorios, proveedores, sino personal médico y de enfermería que sin duda alguna debieron de percatarse que no era el fármaco o tratamiento indicado el que se suministraba, sino, la dosis de un compuesto inerte.
“Para que en lo sucesivo no se susciten más hechos indignantes es imprescindible reformar ciertos preceptos del Código Penal para el Estado de Veracruz, en el rubro de los delitos cometidos por médicos, auxiliares y otros relacionados con la práctica de la medicina, adicionando un artículo 253 BIS en el que se le impongan sanciones severas a los médicos o personal de enfermería que teniendo consciencia de ello, suministren un medicamento inapropiado, alterado, caduco, clonado o cualquier otra sustancia o compuestos químicos en quimioterapias o en cualquier tratamiento o atención medica en perjuicio de la salud del paciente, asimismo para los químicos, biólogos, encargados o trabajadores de laboratorios que fabriquen, comercialicen o distribuyan estos medicamentos”, señaló.
