Dentro de las viejas prácticas de la política mexicana, la curiosidad de los encargados de proteger la seguridad personal y el derecho universal a mantener el secreto de la vida de las personas, rebasa al cumplimiento del deber; y son ellos, precisamente quienes desde las estructuras político-policiacas y desde las oficinas del CISEN, roban información clasificada por su confidencialidad, para hacerla llegar a los mandos superiores, y con ello ganarse la confianza de quien recibe las grabaciones, fotografías, copias de documentos y conversaciones, cuyo uso puede llegar a destruir la imagen y personalidad, de quien debiendo desempeñarse con lealtad, aparece como un “traidor” a su jefe, empleador o patrón.
El reclutamiento de mujeres, dispuestas a correr todo tipo de riesgos, con tal de obtener información que “sirva a la causa” del empleador, se remonta a la aparición de Mata Hari; a quien sus admiradores y detractores, describían como bella, inteligente, talentosa y exótica bailarina, cuyos encantos fueron conocidos en Holanda, su tierra natal y reconocidos, halagados y bien pagados en París, donde fue catalogada como “la cortesana más famosa de finales del siglo antepasado y principios del siglo pasado. En 1917 y después de servir a los gobiernos de Alemania y Francia, murió en Indonesia, donde aprendió y practicó (como complemento a su trabajo de espía), las danzas hindúes y javanesas.
Hace un siglo de la muerte de Mata Hari; y coincide, con el escándalo que se ha generado, al descubrirse el espionaje a activistas sociales, periodistas y personalidades que incomodan al gobierno de la república; por lo que la penetracion de sus archivos confidenciales, algún provecho ha de significar para los operadores del CISEN.
Se destaca en el periódico The New York Times, donde se da cuenta y detalles del uso y aplicación de la moderna tecnología del software Pegasus, comercializado por espías israelitas, que han vendido a funcionarios mexicanos los programas y equipo con los que “sin conocimiento y sin permiso del espiado”, se han penetrado los archivos personales, contactos, mensajes, fotografías, videos, correos electrónicos y redes sociales, con los que se alcanzan fines políticos, para acceder al poder público, ejercerlo y conservarlo. La venta de esos equipos, no se limita al gobierno en funciones; también ha sido ofertada y vendida a dirigentes de partidos políticos, líderes de la delincuencia y del narcotráfico y aspirantes que van a contender en 2018, por la presidencia de la república.
La Garantía Constitucional de los mexicanos, para mantener sus comunicaciones privadas y la no intervención en las comunicaciones de un detenido o sujeto a investigación, la tutela el artículo 16 de la Carta Magna; y solo la autoridad judicial federal “facultada en la ley” podrá autorizar su intervención, debiendo estar esa determinación, fundada y motivada en causas legales. Así ocurrió durante su paso como titular de la PGR, de Jesus Murillo Karam, a quien se atribuye haber comprado el software Pegasus, (Sistema de Espionaje para escuchar, ver, capturar textos, imágenes y contactos de cualquier teléfono inteligente).
The New York Times también publicó que el gobierno de México, desembolsó y pagó hasta quince millones de dólares, para la compra del comentado sistema de intervención y espionaje, precisando que el corporativo israelí NSO Group, inició la operación comercial con Murillo Karam y la terminó con la ex procuradora Areli Gómez. Balam Soluciones de Seguridad, es la empresa que representan Rodrigo Ruiz de Teresa y Asaf Israel Zanzuri y el costo que el periódico neoyorquino reporta, es de quince millones de dólares, cuya operación de compra venta, no requiere de licitación alguna, por tratarse de equipo para resguardar la Seguridad Nacional. Se sabe también que varios gobiernos estatales, compraron equipos de espionaje similares; y que ocultaron esa información a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la SEMAR, poniendo en evidencia la integración del equipo conformado con el Secretario de Gobernación licenciado Miguel Ángel Osorio Chong; y con el CISEN, cuya lealtad está más cerca a los Pinos, que a cualquier otra dependencia gubernamental.
