Por tratar de evadir su fiscalización, la Procuraduría General de la República (PGR) indaga a la administradora de una empresa «facturera» que fue utilizada por el Gobierno de Javier Duarte para simular contratos y desviar fondos del erario público.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través del Administrador Central de Asuntos Penales y Especiales, Alejandro Ronquillo López, presentó una denuncia contra Trajan Construcciones y su gerente y apoderada legal Mónica Zamorano Melchor.
De acuerdo con informes de la PGR, Zamorano dio datos falsos al Registro Federal de Contribuyentes, lo que ha obstaculizado las facultades de fiscalización de la autoridad hacendaria.
Aunque no es delito grave ni amerita prisión preventiva oficiosa, la conducta delictiva está prevista en la fracción 2 del artículo 110 del Código Fiscal de la Federación y se castiga con de tres meses a tres años de cárcel.
La empresa tiene al menos tres domicilios registrados en la Ciudad de México y hasta ahora en ninguno de ellos ha sido localizada la responsable.
Según la información obtenida, uno de los últimos domicilios que registró ante el fisco fue en División del Norte, donde se encuentra un expendio de yeso y pasta texturizada.
Desde el 1 de julio de 2016, el SAT ya la tenía fichada como «facturera», es decir, una empresa fachada que es utilizada para simular contratos y movimientos de dinero, aunque con comprobantes fiscales.
En octubre pasado, el organismo hacendario dio a conocer que por lo menos 10 servidores públicos del Gobierno de Javier Duarte crearon y transfirieron recursos a varias empresas con este tipo de características.
En su informe, señaló a 33 personas morales y una física vinculadas con empresas fachada, de las cuales 29 tenían como representante legal a uno de sus socios.
