Las imágenes transmitidas el día de ayer desde la Torre de Tribunales de Guatemala, mostraron una figura retadora del ex gobernador de Veracruz, perseguido por la Fiscalía del Estado y por la PGR; acusado de diversos delitos, relacionados con el manejo y disposición indebida del dinero público, con el que se beneficiaron familiares de JD y “amigos” de un círculo cerrado, quienes a la hora de ser interrogados oficial y extra oficialmente, rajaron lo que seguramente habían jurado al procesado, que se llevarían a la tumba y que jamás habrían de traicionarlo.
En todos los órdenes de la vida, “”la traición se paga, pero no se premia””, y por consiguiente, el doctor Javier Duarte de Ochoa, traicionó la confianza que le depositaron (a través de su voto) Un millón trescientos cincuenta y seis mil veracruzanos, que decidieron que él fuera gobernador constitucional del estado de Veracruz durante el periodo 2010-2016. Los últimos cuarenta y cinco días del periodo ordinario, ante la ausencia del doctor Duarte, quien abandonó el puesto “para defenderse”, lo suplió el doctor Flavino Ríos Alvarado, quien “poco o nada” pudo hacer, para enderezar el barco casi hundido, con más de ocho millones de veracruzanos a bordo.
A partir de la solicitud de licencia de gobernador, que presentó JD al Congreso Local, arreciaron las filtraciones, las imputaciones directas e indirectas, por desvío de recursos públicos, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición; y al mismo tiempo desapareció (de la faz de la tierra) el ex gobernador veracruzano doctor Javier Duarte de Ochoa; hasta que cayó preso en la exclusiva región turística de Panajachel, en la República de Guatemala, donde se tramita actualmente su extradición para ser juzgado por tribunales mexicanos.
El gobierno federal, a través de la Auditoría Superior de la Federación, requirió mucho antes de que surgieron las acusaciones locales, a diversas dependencias del gobierno de Veracruz y al propio gobernador doctor Javier Duarte de Ochoa, para que acreditaran los ilícitos que se configuran mediante el desvío de CUARENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS, equivalentes a la mitad del presupuesto asignado en lo general para un año de ejercicio gubernamental; de cuya explicación y justificación ha rehuido el ex gobernador y los altos funcionarios que manosearon y desaparecieron ese dinero, sin que a la fecha hayan rendido las cuentas de rigor y menos hayan probado que los recursos se aplicaron en el gasto programado para obras y servicios públicos destinados al bienestar colectivo de la población.
Por eso es que la Procuraduría General de la República ha determinado el ejercicio de la acción penal en contra del doctor Duarte y varios de los altos funcionarios de su gabinete, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Delitos por los que no procede la libertad garantizada con una fianza, sino que ante el temor de que se pueda evadir la acción de la justicia, procede como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, que “en casos especiales” como el del doctor Flavino Ríos, la prisión preventiva es domiciliaria, como un caso de excepción.
La gravedad de este asunto es para considerarse seria y no para usarlo como un motivo de sarcasmo, que humilla a los veracruzanos indignados por la corrupción del gobierno local y ridiculiza a las autoridades encargadas de la investigación de los delitos; de la persecución de los delincuentes y del ejercicio de las acciones penales que “si llegan a configurarse” sería tardíamente, y no como lo manda la Constitución Política de la República Mexicana en el articulo 17, que al interpretarlo A Contrario Sensu, se arribaría a la conclusión de que la justicia retardada y obstaculizada por el ingrediente político, “NO ES JUSTICIA”.
Y de la recuperación del dinero público que se ha perdido en este affaire, quizá algún día se encuentre escondido bajo la tierra, como los tesoros de los jefes revolucionarios; o de los bandidos de Río Frío; o como las “caletas” en Colombia, pertenecientes al narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria y su banda. Lo único seguro es que la recuperación de los recursos desviados y saqueados al erario estatal, no regresarán a la Sefiplan ni teniendo presos y privados de su libertad a los depredadores del presupuesto público.
