El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, decidió allanarse y enfrentar la justicia de nuestro país por los delitos federales que presuntamente cometió durante su mandato y de los que lo acusa la Procuraduría General de la República (PGR).
El Gobierno de México lo hace responsable de incurrir en operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, de 2010 a 2016, periodo en el que ocupó la titularidad del Ejecutivo estatal.
“He decidido allanarme a la solicitud de extradición relacionada con los delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ya que no cometí tales delitos y es mi deseo acreditarlo ante el Poder Judicial de mi país”, dijo al tener derecho de palabra.
De esta manera el juez presidente del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Poder Judicial de Guatemala, César Adán García, determinó procedente la extradición del ex mandatario solicitada por el Gobierno mexicano.
Su abogado defensor, César Velázquez y el propio ex mandatario, dijeron que renunciaban a cualquier procedimiento constitucional o acción para apelar su traslado a suelo nacional, lo cual quedará asentado en la sentencia.
Mientras tanto y ante la decisión de Javier Duarte, el representante del Ministerio Público guatemalteco solicitó al juez que se declarara la suspensión del procedimiento de extradición para el sólo efecto de poner a disposición el hoy requerido al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se coordine con el Estado Mexicano y se efectúe la entrega.
Además pidió que se haga la entrega de los objetos que fueron encontrados e incautados al momento de su detención el pasado 15 de abril en el municipio de Panajachel, departamento de Sololá, por elementos de la Policía Nacional Civil por conducto de su división de Policía Internacional (Interpol) en Guatemala.
Cabe recordar que en la primera audiencia realizada cuatro días después de su aprehensión ante este mismo pleno, Duarte de Ochoa decidió no allanarse, aunque agregó que antes de aceptar la extradición a México, quería conocer la solicitud formal y las pruebas que se presentaron en su contra ante las autoridades judiciales guatemaltecas.
Durante la audiencia de este martes, en el piso 11 de la Torre de Tribunales, en el centro de la capital guatemalteca, el representante del MP enumeró detalladamente una a una las 19 pruebas que aportó México para que el juez decidiera la extradición del ex gobernador, relacionadas con las propiedades que supuestamente adquirió de manera ilegal, y los objetos de valor que obtuvo de la misma manera.
