La defensa del Nuevo Sistema Penal a cargo del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don José Ramón Cossío Díaz, encierra un mar de fondo; pues siendo uno de los más jóvenes constitucionalistas con estudios de posgrado en la UNAM, en la Universidad Complutense de Madrid y por su experiencia docente y los reconocimientos obtenidos en México y en el extranjero, lo convierten en un jurisconsulto de los más reconocidos dentro y fuera de nuestro máximo tribunal. Se afirma que el Ministro José Ramón Cossío, posee los conocimientos suficientes para golpear sobre el escritorio y centrar la atención de Diputados Federales, Senadores y Gobernadores de la CONAGO, evitando así que la confusión que se ha dado entre las partes interesadas, genere según sus propias palabras “una crisis mucho mayor”.
De aquel 18 de junio de 2008 en que se publican las bases para la Reforma e Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, a la fecha actual, han transcurrido nueve años y basta recordar el gran festejo presidido por los titulares de los Poderes de la Unión el 18 de junio del año pasado, mediante la firma del Decreto expedido por el Presidente Enrique Peña Nieto y suscrito por el presidente de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación y los presidentes del Senado de la República y de la Cámara Federal de Diputados; en cuyos mensajes a la nación se anunciaba con bombo y platillo, una nueva época de respeto a las garantías constitucionales de los gobernados (en materia penal y debido proceso legal) que permitiría el ejercicio pleno de las libertades individuales de los mexicanos.
Que poco duró el gusto a los justiciables y a los Jueces, Magistrados y Ministros, hacedores de la jurisprudencia, aplicadores de la doctrina e intérpretes de la ley penal, sometidos al escrutinio público y con el resultado de una calificación reprobatoria, por el gran número de excarcelados, quienes aceptando su culpabilidad y participación en hechos delictivos o formando parte de bandas de la delincuencia organizada, han sido liberados mediante los beneficios que les otorga el Nuevo Sistema Penal, Acusatorio Controversial, que permite a los tres ordenes de gobierno y a los Poderes Ejecutivo y Judicial, liberarse de las cargas económicas y de seguridad, representadas por las viejas cárceles y reclusorios, y por los modernos CEFERESOS y Centros Penitenciarios de Alta Seguridad, cuyo mantenimiento y operación, corre a cargo de los presupuestos públicos.
Los 28 muertos del motín ocurrido en el CERESO de Acapulco, registrado en el módulo de “alta seguridad”, donde la lucha por el control del autogobierno y los negocios que representa para los grupos delincuenciales que suman más de dos mil internos, juzgados por delitos de ambos fueros común y federal, reportaron cuatro decapitados y veinticuatro muertos por golpes, heridas con armas blancas y punzo cortantes, donde las armas utilizadas y decomisadas en la requisa que se practicó terminado el motín, fueron en su mayoría palos, puntas, tubos, armas blancas y objetos sólidos, que como siempre son fabricados por los mismos internos.
Que se recuerde, hace solo seis años el penal de ciudad Juárez fue escenario de la lucha entre bandas rivales de los carteles de la Linea y de Sinaloa, con un resultado de veintisiete muertos y al año siguiente en 2012 en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira Tamaulipas, treinta y un reos fueron asesinados durante la refriega y enfrentamiento entre internos identificados como Zetas y otros como integrantes del Cártel del Golfo; el máximo número de internos que han muerto en un enfrentamiento al interior de un penal mexicano, ha sido registrado en el de Apodaca Nuevo León, donde el 19 de febrero de 2012, murieron cuarenta y cuatro reos y se fugaron treinta más, por el enfrentamiento entre reclusos identificados con los Zetas y sus contrarios identificados con el Cártel del Golfo.
No será fácil continuar con el “Dialogo de sordos” a que alude el Ministro José Ramon Cossío Díaz; ni tampoco se acabará el problema de la violencia en los reclusorios y la política fallida de la reinserción penitenciaria del gobierno; se necesitará más que voluntad política y presupuesto público para implementar un nuevo modelo sancionador de las conductas que caen en el régimen punitivo, acompañadas de un modelo integral reconstructivo de los transgresores de la ley, para revertir sus conductas antijurídicas.
