El exsecretario de Gobierno y exprocurador de Justicia, Reynaldo Escobar, criticó que el Nuevo Sistema de Justicia Penal ya que ha permitido que un “gran número de excarcelados, quienes aceptando su culpabilidad y participación en hechos delictivos o formando parte de bandas de la delincuencia organizada, hayan sido liberados”.
Además, señaló que el nuevo sistema permite a los tres ordenes de gobierno y a los Poderes Ejecutivo y Judicial “liberarse de las cargas económicas y de seguridad, representadas por las viejas cárceles y reclusorios, y por los modernos CEFERESOS y Centros Penitenciarios de Alta Seguridad, cuyo mantenimiento y operación, corre a cargo de los presupuestos públicos”.
Señaló que la defensa del Nuevo Sistema Penal a cargo del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz, “encierra un mar de fondo; pues siendo uno de los más jóvenes constitucionalistas con estudios de posgrado en la UNAM, en la Universidad Complutense de Madrid y por su experiencia docente y los reconocimientos obtenidos en México y en el extranjero, lo convierten en un jurisconsulto de los más reconocidos dentro y fuera de nuestro máximo tribunal”.
Incluso, Reynaldo Escobar señala que el ministro “posee los conocimientos suficientes para golpear sobre el escritorio y centrar la atención de diputados federales, senadores y gobernadores de la Conago, evitando así que la confusión que se ha dado entre las partes interesadas, genere según sus propias palabras ‘una crisis mucho mayor”.
Recordó nueve años después de que se publicaron las bases para la reforma e implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el 18 de junio de 2016, durante la firma del decreto, tanto el presidente Enrique Peña Nieto como el presidente de la SCJN, senadores y diputados anunciaban “con bombo y platillo” una nueva época de respeto a las garantías constitucionales de los gobernados (en materia penal y debido proceso legal) que permitiría el ejercicio pleno de las libertades individuales de los mexicanos.
“Que poco duró el gusto a los justiciables y a los Jueces, Magistrados y Ministros, hacedores de la jurisprudencia, aplicadores de la doctrina e intérpretes de la ley penal, sometidos al escrutinio público y con el resultado de una calificación reprobatoria, por el gran número de excarcelados”.
Finalmente, señaló que no será fácil continuar con el “diálogo de sordos” a que alude el ministro José Ramón Cossío, ni tampoco se acabará el problema de la violencia en los reclusorios y la política fallida de la reinserción penitenciaria del gobierno.
“Se necesitará más que voluntad política y presupuesto público para implementar un nuevo modelo sancionador de las conductas que caen en el régimen punitivo, acompañadas de un modelo integral reconstructivo de los transgresores de la ley, para revertir sus conductas antijurídicas”.
