“A veces, el silencio es la peor mentira.” – Unamuno.
Por increíble que parezca algunos personajes que acompañaron al reo Javier Duarte, durante el más nefasto periodo de gobierno del que se tenga memoria, gozan de cabal salud y libertad.
Y aun cuando muchos de ellos, ya siguen procesos por sus mal habidas riquezas, esos otros siguen siendo los pajaros de cuenta de todo este entramado de corrupción que ha enfrentado Veracruz en al menos los últimos 12 años.
Con la vinculación a proceso de César Augusto Morando Turrent propietario y representante legal de la empresa Gran Marca Proyectos por su probable responsabilidad en las irregularidades detectadas en la construcción de la Torre Pediátrica del Puerto de Veracruz, así como la pésima calidad de los materiales utilizados, que le significaron un gasto extra para el Estado por 82 millones de pesos y que a la fecha son consideradas como peligrosas, por ende inservibles.
Quizá por ello, la juez Alma Aleida Sosa Jiménez le vinculó a proceso con un año de prisión preventiva y 6 meses para realizar investigaciones complementarias, desechando por tierra los argumentos de la defensa.
De acuerdo con la Fiscalía, el edificio de la Torre Pediátrica u Hospital Infantil, necesitan de fachada nueva, al igual que reforzar diversas placas de su estructura, colocarle distintos refuerzos así como demoler el noveno y décimo nivel, sin que se pueda habilitar un helipuerto a futuro.
La determinación de todos estos errores o fallos técnicos, fueron producto de un dictamen de arquitectura forense, mismo que también evidenció que ductos del aire acondicionado están contaminados con “polvo, humedad y plagas”, consecuencia de la pésima calidad de los trabajos.
La FGE reiteró que el proceso en contra de Morando Turrent tras la denuncia presentada por el actual titular de la Secretaría de Salud, Arturo Irán Suárez Villa, en la que además se exponen diversas inconsistencias desde el inicio y desarrollo de la obra mencionadas en la primera audiencia.
La constructora tampoco habría utilizado mano de obra confiable, ni mucho menos instalado varias cabinas correctamente, así como el sistema de alimentación eléctrico, según consta en varios oficios y dictámenes que fueron presentados ante la juez.
Dichos documentos también exponen que en las modificaciones de los contratos en cuanto al plazo y monto para concluir el proyecto no se justificó debidamente el gasto.
Así, en una primera fase el Gobierno del Estado pagó casi 241 millones de pesos y en una segunda adjudicación directa se estableció un nuevo pago por 187 millones de pesos, de los cuales 42 millones no fueron entregados por la administración estatal a Gran Marca Proyectos.
La administración de Miguel Ángel Yunes Linares, determinó la recisión del contrato de la obra el pasado 8 de febrero de 2017, en encontrar malos manejos incluso en el uso de 110 millones de equipamiento en el segundo presupuesto total de 187 millones de pesos.
Por su parte, la defensa del empresario constructor intentó rebatir los argumentos de la Fiscalía afirmando que no existió dolo por parte de su cliente, además de que el proyecto tiene una póliza por 161 millones de pesos, es decir, casi el doble del monto por el que se le acusa de fraude.
Así, los abogados insistieron en que existe la cantidad suficiente para cubrir el presunto fraude de 82 millones del que se acusa a su cliente.
Reiteraron que a la empresa de César Augusto Morando Turrent, todavía le adeudan cerca de 42 millones de pesos de estimaciones, que la Secretaría de Finanzas y Planeación no ha pagado; de ahí que no debería haber un daño patrimonial de 82 millones por una obra que ni siquiera ha sido liquidada al 100 por ciento.
Sin embargo, la Fiscalía estableció que la defensa que se hacía a favor del empresario Morando Turrent, era por el delito de fraude equiparable, cuando se le estaba señalando de fraude específico al utilizar materiales y mano de obra de baja calidad; además de no cumplir con las especificaciones del contrato.
De todos modos, de ser o no responsable los cuestionamientos continúan en el aire, porque nada se sabe del otrora poderoso señor de los dineros en la Secretaría de Salud, ese que desde tiempos de Fidel Herrera Beltrán se encargó de hacer cuando ardid se podría imaginar para saquear al erario veracruzano.
¿Dónde está Ricardo Sandoval? El famoso ex director de Administración de la dependencia, ¿acaso será cierta la versión de que algunos ex funcionarios habrían practicado el vómito negro devolviendo parte de lo mal habido?
Sextante
Que ya se investiga a la líder de la banda, de ser cierta esa afirmación, muchos cabos se lograrían desatar en esta entramada red de corruptelas. En la realidad, Karime Macías gozará de lo mal habido sin que nada, ni nadie, la pongan tras las rejas. Bien dice el dicho, “nadie sabe para quien trabaja.”
Al tiempo.
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