Pudo más el clamor popular en contra del abusivo criterio judicial, que por toda la nación se ha aplicado bajo las disposiciones del Nuevo Sistema Penal, para poner en libertad a peligrosos delincuentes, asesinos despiadados, que deambulan por las calles con toda impunidad, armados y equipados con poderosos rifles AK-47, R-15, lanzagranadas, barret, y municiones como para pertrecharse y hacer frente a los valientes uniformados de la SEDENA, SEMAR, PF y Policías Estatales y Municipales. El clamor social confluye en una protesta ciudadana en contra de la Impunidad de quienes son favorecidos (sin merecerlo) con un proceso en libertad o prisión domiciliaria, como ya ocurrió en el Estado de Veracruz.
Existe consenso absoluto para la Reforma al artículo 82 BIS de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para aumentar las penas e impedir la liberación de quienes sean detenidos portando armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; puesto que la penalidad establecida y vigente oscila entre tres y cuatro años, penalidad que permite al criterio jurisdiccional, otorgar liberaciones a diestra y siniestra ($$$).
Y tratándose de delitos de cuello blanco; pero sobre todo de los que se atribuyen a funcionarios públicos de alto rango, incluidos ex gobernadores de diversos estados del país y sus ex colaboradores que resultaron con mayores beneficios económicos, al haber sido beneficiarios del “cachito” de la lotería nacional, obsequiado por ex gobernadores, para ser cobrado por cada suertudo, el equivalente al primer premio del sorteo navideño; ex funcionarios que a “ojos vistos” exhiben su vida dispendiosa.
La publicidad en las redes sociales y en las páginas dedicadas al glamour y al alto pedorraje, en revistas exclusivas y medios impresos; da cuenta de los latrocinios del erario público, ejecutados para dar satisfacción a la injustificada Vanidad de nuevos ricos que al término de cada periodo de gobierno, engordan la lista de avecindados en fraccionamientos residenciales exclusivos, privados y bien cuidados por la seguridad contratada para su protección y la de sus familias; todos bajo el amparo de los nuevos Códigos Nacionales, Penal y de Procedimientos Penales.
Cabe mencionar que el artículo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, aspira en su redacción, a “proteger al inocente” a “que el culpable no quede impune”, y a que se “repare el daño”; asegurando el acceso a la Justicia en la aplicación del Derecho. Y vámonos sorprendiendo en la redacción final del artículo que se comenta, cuando agrega: “En un marco de respeto a los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”. Como si en cada ordenamiento legal hubiera necesidad de recordar a los jueces y magistrados, respetar los derechos humanos y tratados internacionales.
De buenas intenciones y desde los tiempos del Imperio Romano, se construyó por Ulpiano y otros sabios jurisconsultos, el camino para llegar a la justicia; lo malo es que hoy en México, el camino a la Justicia se ha vuelto intransitable; y si no, que lo desmientan, los verdaderos abogados que ejercen su profesión libre y al servicio de los demandantes de la Justicia que definió el mencionado jurisconsulto romano como: La Constante y Perpetua Voluntad de dar a cada quien lo que legítimamente le corresponde.
Y con toda seguridad los legisladores, van a lograr en breve tiempo, un consenso que permita terminar con las ambigüedades, las lagunas jurídicas y las deficiencias, hasta hoy encontradas al Nuevo Sistema Penal. Solo falta que se dejen ayudar por quienes sí saben de la ciencia jurídica. No olvidar que el Nuevo Sistema Penal lleva casi nueve años en su implementación, sin lograr la meta programada. El derecho mexicano no puede quedar anquilosado, obsoleto y rebasado por una sociedad que avanza, luchando sin tregua y sin descanso, para lograr su pleno desarrollo y mejor calidad de vida, con justicia y dignidad.
