Un juez federal dictó prisión oficiosa, preventiva y justificada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien permanecerá en el Reclusorio Norte hasta el próximo domingo, día en que se definirá su situación jurídica.
El juez determinó que Duarte se debe quedar preso en el Reclusorio Norte hasta la audiencia del sábado; posteriormente podría ser trasladado a un penal en Morelos.
La PGR solicitó al juzgador decretarle la prisión preventiva al ex Gobernador en el penal federal de Morelos, en el Municipio de Ayala, argumentando que ahí podría contar con la atención médica necesaria para sus problemas de hipertensión, hígado graso y ansiedad.
Los abogados de Javier Duarte solicitaron la ampliación del término constitucional a 144 horas para definir su situación legal.
Cabe destacar que de acuerdo con información preliminar de la audiencia, se supo que Javier Duarte de Ochoa formuló varias preguntas al Ministerio Público. Varias de esas interrogantes no fueron respondidas, por lo que el MP quedó mal parado.
Por ejemplo, Javier Duarte preguntó que de dónde o cómo habían obtenido la información incriminatoria en su contra, pero el MP no supo qué contestar.
Asimismo, el Juez Federal admitió que había contradicciones entre tres agentes del Ministerio Público que acusan a Javier Duarte, pues la información incriminatoria no coincide.
Es importante mencionar que Javier Duarte hizo demasiadas preguntas y cuestionamientos; es decir, el ex mandatario llevó gran parte de su defensa; su abogado sí intervino, pero el ex gobernante tuvo también mucha participación en la audiencia.
Durante la mayor parte de la diligencia, Duarte se dedicó a cuestionar y pedirle aclaraciones sobre la acusación a Pedro Guevara Pérez, Martha Estela Ramos Castillo y Nely Labor Alvarado, fiscales de la Subprocuraduría de Delito Federales.
Los únicos recursos sobre los que la PGR presentó soportes documentales son los que salieron en 2015 de la Secretaría de Educación de Veracruz con destino a la empresa Solaria Technologies, que a su vez trianguló hacia la empresa Betha y Sacmet inmobiliaria y estas, finalmente transfirieron dinero a Terra inmobiliaria y Consorcio Brades.
La PGR expuso que entre 2011 y 2013 se habían desviado millones de pesos para que Duarte adquiriera varias propiedades, sin presentar datos de las dependencias ni las fechas ni montos de esos recursos.