No era difícil de prever que el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción provocaría múltiples resistencias entre los sectores, particularmente políticos, que se sienten afectados en sus intereses.
Así lo denuncia un amplio grupo de organismos y activistas de la sociedad civil que lanzó un desplegado bajo el eslogan #VamosporMás, en el que se exige al Gobierno Federal, el Congreso de la Unión, los gobernadores y las legislaturas locales una discusión a fondo y una reforma constitucional y legal que resulte en una Fiscalía General de la República autónoma, independiente, eficaz, con los controles democráticos adecuados; nombramientos apegados a mejores prácticas de quienes han de operar los sistemas anticorrupción a nivel federal y local; recursos suficientes que aseguren la independencia y funcionamiento de los Comités de Participación Ciudadana, el SNA y los sistemas locales anticorrupción; y reformas legislativas que, entre otras, incluyen las leyes de Adquisiciones y Obra Pública, las relativas a las finanzas de los partidos, así como revisar la figura del fuero federal para funcionarios, legisladores y gobernadores para evitar la impunidad.
O lo que es lo mismo: piden que el Sistema Nacional Anticorrupción tenga “dientes” para evitar que se convierta en un monstruoso elefante blanco. Y quieren lograrlo antes de la sucesión presidencial.
¿Podrán vencer la inercia de la corrupción que en todos los niveles devora al país? Ya veremos.
