Empresarios piden acelerar establecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción en el estado

Veracruz sigue siendo señalado como uno de los estados más retrasados en la conformación de las bases para el Sistema Local Anticorrupción, ante esto, empresarios Veracruzanos exigen a los legisladores aprobar lo antes posible las leyes en materia de anticorrupción y redoblar esfuerzos para complementar los procedimientos jurídicos para el establecimiento del Sistema Local Anticorrupción, así lo dio a conocer Adrian Maynes, secretario del Consejo directivo de Coparmex Veracruz.

“Estos fenómenos, se han agudizado en los últimos años. Hemos llegado a un punto insostenible. Un ambiente permisivo desde los ámbitos público y privado, ha acrecentado la problemática”, señaló.
El empresario insistió en la necesidad de que se apruebe la ley modelo que se generó desde la sociedad, por Transparencia Mexicana, IMCO y COPARMEX.

“Hace un año, en la promulgación de las leyes que darían lugar al Sistema Nacional Anticorrupción hicimos saber a los poderes de la Unión que “iríamos por más”, y enfatizamos que no bastaban las primeras siete leyes del Sistema; insistimos en que la transformación de un régimen gravemente afectado por corrupción, impunidad, y violaciones a los derechos humanos, requería un esfuerzo continuo y permanente de la ciudadanía y una respuesta eficaz de nuestras autoridades”, dijo.

Ante esto, Coparmex dio a conocer la iniciativa #VamosPorMás, en la que participan organizaciones ciudadanas, académicas y empresariales con la finalidad de fortalecer al naciente Sistema Nacional Anticorrupción y para exigir al Gobierno Federal, al Congreso de la Unión, a los gobernadores y a las legislaturas locales los siguientes puntos:

-Una Fiscalía que sirva; mediante una discusión a fondo y una reforma constitucional y legal que resulte en una Fiscalía General autónoma, independiente y eficaz, con los controles democráticos adecuados.

-Nombramientos apegados a mejores prácticas de quienes han de operar los sistemas anticorrupción a nivel federal y local;
-Recursos suficientes que aseguren la independencia y funcionamiento de los Comités de Participación Ciudadana.

-Reformas legislativas que, entre otras, incluyen las leyes de Adquisiciones y Obra Pública, las relativas a las finanzas de los partidos y revisar la figura del fuero federal para funcionarios, legisladores y gobernadores para otorgarles inmunidad y evitar la impunidad.