El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo ayer que los 33 magistrados nombrados el viernes como tales por la Asamblea Nacional, para sustituir a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que la oposición considera “ilegítimos”, irán presos “uno por uno” y se les congelarán sus bienes y sus cuentas bancarias.
“Esta gente que nombraron, usurpadores que andan por ahí. Todos van a ir presos, uno por uno, uno detrás de otro. Todos van a ir presos y a todos les van a congelar los bienes, las cuentas y todo, y nadie los va a defender”, afirmó Maduro durante su programa semanal en la televisión pública.
“Cosa de muchachos”. “Ahora están cometiendo el error garrafal de crear un Estado paralelo, que es una barrabasada, una estupidez, una cosa de muchachos, de adolescentes políticos”, agregó Maduro en alusión a los nombramientos del Parlamento.
La oposición venezolana aprobó el viernes las designaciones de nuevos magistrados semanas después de que la fiscal general, Luisa Ortega, impugnara sin éxito los nombramientos de 33 jueces que ahora ocupan los sillones del Supremo por presuntas irregularidades en su proceso de elección.
Los jueces en ejercicio fueron designados por la mayoría legislativa chavista en un proceso relámpago completado en unos días, justo después de la victoria opositora en las elecciones legislativas de 2015 y antes de que la nueva mayoría tomara posesión en la Cámara.
Justo después de la elección por la Asamblea Nacional de los 33 jueces paralelos, los magistrados en ejercicio del Supremo (todos chavistas declarados) emitieron un pronunciamiento en el que advertían a los recién nombrados de que estaban incurriendo en “delitos de traición a la patria” contemplados por la justicia militar.
“Terrorismo de Estado”. Uno de estos magistrados, Ángel Zerpa, fue detenido el sábado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en una acción que ha sido calificada de “terrorismo de Estado” por el Parlamento, de mayoría opositora, y que ha acusado a los jueces en ejercicio del Tribunal Supremo de ser el brazo judicial del régimen chavista.
El Ministerio Público teme que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) a incurrido en el “delito de desaparición forzada” del magistrado Zerpa. En consecuencia, la Fiscalía interpuso ante un circuito judicial penal de Caracas “una acción de amparo o habeas corpus para la restitución de la libertad del abogado Zerpa”.
El organismo señala que con esta aprehensión “ilegítima” se viola un artículo de la Constitución que establece la libertad personal como un derecho inviolable, “por lo que nadie puede ser detenido sino en virtud de una orden judicial o en flagrancia”.
“Adicionalmente, se señala que se incurrió en la violación del derecho a la integridad física” y se pidió al Sebin que “informe sobre la ubicación de Zerpa debido a que hasta el momento no se tiene certeza de su paradero, por lo que se presume que se está ante el delito de desaparición forzada”.
