El pleno del Congreso del Estado, por unanimidad de votos, aprobó reformas y adiciones a las Disposiciones de la Ley De Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; del Código Electoral y del Código Penal para prevenir, atender y sancionar la violencia política en razón de género, en contra de las mujeres.
Esto debido a que la violencia política contra ellas representa un freno al ejercicio de sus derechos político-electorales, o bien demerita su desempeño en la función pública sólo por el hecho de ser mujeres, es decir, son sujetas de violencia política en razón de su género, pues su presencia desafía el status quo y obliga a la redistribución del poder.
En la sesión ordinaria de este martes, los legisladores determinaron la necesidad de avanzar en una definición de la violencia y acoso políticos contra las mujeres que incluya cualquier acción, conducta u omisión entre otros, basada en su género, de forma individual o grupal que tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos políticos.
Además, estipularon una serie de medidas que debían adoptarse, como: impulsar la adopción, cuando corresponda, de normas, programas y medidas para la prevención, atención, protección, erradicación de la violencia y el acoso político contra las mujeres, lo que sin duda permitirá la adecuada sanción y reparación de estos actos, en los ámbitos administrativo, penal, electoral, tomando en cuenta los instrumentos internacionales aplicables, tal como lo prevé la Declaración sobre Violencia y el Acoso Políticos contra las Mujeres.
Y es que la violencia política contra las mujeres puede estar presente en diversas etapas del proceso electoral o ya en funciones: como precandidatas y candidatas, como legisladoras y autoridades municipales electas o en el ejercicio de sus funciones o en el ámbito personal o público.
Cabe precisar que respecto de la adición del artículo 367 Ter del tipo penal de Violencia Política en razón de Género al Código Penal, que formaba parte de la Iniciativa original, las comisiones dictaminadoras consideraron dejar pendiente su dictaminación hasta que el Congreso de la Unión apruebe el Dictamen que reforma las Leyes Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos y en Materia de Delitos Electorales y del Sistema de Medios de Impugnación, el cual propone que la violencia política sea incluida en la Ley General de Delitos Electorales.
El diputado perredista José Kirsch Sánchez había propuesto que la violencia política contra las mujeres en Veracruz fuera penada con prisión de dos a seis años y multa de 7 mil a 15 mil pesos, lo cual quedó pendiente.
