El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado, presentó una iniciativa ante el Congreso de la Unión para reformar los artículos 137, 141, 144, 145 y 146 de la Ley Nacional de Ejecuciones Penales, a fin de que los delitos de corrupción sean calificados como graves.
De esta manera, los servidores públicos que incurran en dichos ilícitos no gozarían de la libertad condicional, tal como actualmente ocurre con las personas enjuiciadas por delincuencia organizada, secuestro y trata de personas.
En tribuna, la diputada María Josefina Gamboa Torales, en nombre de su bancada, enumeró que no gozarían de ese beneficio, aquellos funcionarios que incurran en el ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, desaparición forzada de personas, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, cohecho a servidores públicos extranjeros, peculado, enriquecimiento ilícito y los homólogos de legislaciones locales.
Agregó que los delitos de corrupción han generado y generan consecuencias de un calado igual o mayor que los daños provocados por algunos de los delitos que actualmente dicha Norma prevé como conductas antisociales que no merecen beneficios en su etapa de ejecución de sanciones.
“Como consecuencia es que se cree necesario que el Congreso de la Unión, estudie y analice que sean agregados a las mencionadas hipótesis de excepción los delitos por hechos de corrupción, los cuales están señalados en el Título Décimo del Título Primero del Código Penal Federal, así como, se reconozcan sus homólogos en las legislaciones sustantivas penales de las diversas Entidades Federativas”, abundó.
Recordó que la competencia para legislar en materia de ejecución de sanciones penales es exclusiva de la Legislatura Federal, de acuerdo con la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Se debe hacer hincapié en que los hechos de corrupción, que hoy se solicita sean agregados como excepciones a los beneficios preliberacionales, no son problema exclusivo del Estado de Veracruz, sino que en la mayoría de las Entidades Federativas, al día de hoy se observa el inicio de procedimientos en contra de funcionarios y exfuncionarios que se presumen han cometido graves conductas de corrupción en contra de sus propios conciudadanos y las arcas públicas”, añadió.
Observó que actualmente se están investigando a altos funcionarios y exfuncionarios de los estados de Coahuila, Colima, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas y Quintana Roo, entre otros, por lo que el Congreso de la Unión debe de reajustar la normatividad vigente para poder reprimir de adecuada forma estas acciones antijurídicas.
