La diputada Miriam Judith González Sheridan, integrante del Grupo Legislativo de Morena, presentó ante el Congreso del Estado su incitativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo noveno del artículo 4 y se adiciona el párrafo séptimo al artículo 5 ambos de la Constitución Política del Estado, para que se reconozcan los derechos humanos de los migrantes.
En tribuna, recordó que a la fecha son 21 entidades federativas las que reconocen en sus Cartas Magnas los derechos de los migrantes, por lo que desde su punto de vista, nuestra entidad tiene un rezago constitucional en este sentido.
“Es necesario terminar con esta parálisis legislativa y reconocer los aportes y derechos de todas estas personas”, solicitó en sus palabras al destacar que es una oportunidad para la LXIV Legislatura afianzar el sistema de protección de derechos humanos a través del reconocimiento de los derechos de los migrantes.
“La propuesta de la presente iniciativa consiste, primero, en declarar el derecho a no ser discriminado por razón del origen étnico, el origen nacional, o la situación migratoria; y, segundo, en reconocer los aportes de todos los migrantes, comprometiéndose a tutelar sus derechos”, resaltó.
González Sheridan dijo que el Estado veracruzano debe ser más abierto e inclusivo respecto de toda la población migrante que sale, retorna, se asienta o transita en su territorio.
“Está en la obligación de reconocer y asegurar un pleno goce de derechos para todas estas personas con independencia de su nacionalidad o situación migratoria, en particular cuando se encuentran en elevados niveles de vulnerabilidad”, ahondó.
Afirmó que desde la ideología política de Morena se busca la inclusión de todas las personas a través de una tutela igualitaria y equitativa de sus derechos, siendo la base de la misma la protección de sus derechos humanos.
La legisladora recordó además que en 2011 se reformó el artículo 1 constitucional para reconocer los derechos humanos plasmados en instrumentos internacionales como parte integral del sistema jurídico nacional y como resultado de estas reformas se reconoce a toda la población migrante los derechos plasmados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y se hace hincapié en los esfuerzos que los tres niveles de gobierno deben articular para su instrumentación.
