La organización Sí Vida, Sí Familia indica que “Veracruz, un Estado en el desamparo, donde su gobernador no tan solo no ha podido cumplirle a sus gobernados la promesa que hiciera en campaña de que en los primeros 6 meses de gobierno `Veracruz sería distinto, viviríamos sin miedo. La recuperación de la paz y la tranquilidad sería prioridad´, sino que sus argumentos ya soslayaron en una justificación muy limitada para quitarse de encima el duro análisis de ser el `primer lugar nacional´ de secuestros, por encima de Tamaulipas y el Estado de México”.
Asimismo, indica: “Al estilo “JaviDu” y en un mal planteamiento aritmético de una regla de tres, argumenta que los delitos deben ser medidos en relación a la cantidad de habitantes que existen en el Estado”.
También comenta que “Hoy se evidencia de igual forma que este gobierno tampoco puede con la economía ni las finanzas del Estado”.
En un comunicado, se expone: “El 27 de enero de 2016, es decir, hace 18 meses, el Diario Oficial de la Federación publicó el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26. Todo en materia de desindexación del salario mínimo. Esto es, que el salario mínimo no debe ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines que sean ajenos a su naturaleza. Por ejemplo, para calcular el cobro de cualquier contribución al Estado, sean multas, derechos o actualizaciones”.
Ademas, “Lo previsto en el artículo cuarto transitorio de este decreto, establece que entre otros, el Gobierno del Estado, debió realizar las adecuaciones que correspondían en las leyes y ordenamientos de su competencia, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo y sustituirlas por las relativas a la “Unidad de Medida y Actualización”.
“Lo anterior significa que para el Estado de Veracruz el citado plazo venció el día 27 de enero de 2017”.
Se lee que “Situación de máxima gravedad, al cometer actos totalmente ilegales, transgrediendo el principio consagrado en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Federal y en perjuicio de miles de veracruzanos a los que indebidamente se les hizo cobros cómo ingreso a la hacienda del Estado. Pues estos no se han ceñido a lo establecido en ley porque simplemente, no existe una “base legal de recaudación vigente”. Es decir, que todos los ingresos recaudados por el Estado bajo la base del salario mínimo en estas fechas señaladas, transgreden el principio de legalidad”.
En el documento se lee: “La gravedad de la omisión del Congreso del Estado y del propio Gobernador, dejan en claro que así como no hemos visto verdadera estrategia en materia de seguridad pública, tampoco la vemos en lo administrativo y lo financiero”.
Cuestiona: ”¿Cómo es posible que sus quejas y lamentaciones sean de índole financiero y que con estos actos de ilegalidad afecten irremediablemente la hacienda pública estatal? Pues todos aquellos a los que se les ha realizado cualquier cobro que haya ingresado a finanzas del Estado durante el periodo comprendido desde el 28 de enero de 2017 hasta en tanto no se lleve a cabo la reforma propuesta, obligadamente el gobierno del Estado deberá devolverlos”.
En el texto también se lee: “Seguimos en un barco sin rumbo y ante un escenario cada vez más incierto para las familias de Veracruz”.
Por lo anterior, se indica: “Por eso SI VIDA, SI FAMILIA invita a las familias afectadas por la irresponsabilidad de los legisladores y a los agraviados por este gobierno a que acudan a la mesa de asesoría legal que se apertura en la ciudad de Coatzacoalcos, Ver. Para lo que referenciamos el número Washap 9221350661”.
