La integrante de Equifonía AC, Marcela Flores, informó que del 1 de enero de 2015 al 31 de mayo de 2016, en Veracruz hubo 752 casos de violencia sexual denunciados, cifra que podría ser mucho mayor dado que según el INEGI sólo se denuncian el 8.9 por ciento de los delitos.
«Por tanto estimamos que en ese periodo más de 8 mil 400 mujeres fueron víctimas de violencia sexual; es decir, hubo 114 víctimas cada semana».
En rueda de prensa, agregó que en el estado, la maternidad en mujeres menores de 15 años es 5.3 veces mayor que el promedio nacional, y entre 2010 y 2014 la mortalidad materna por aborto en el estado se presentó principalmente en mujeres de 20 a 29 años, con 15 casos de un total de 27 y en el último año registrado 80 mujeres fallecieron en el país a causa de complicaciones por abortos peligrosos, de las cuales seis ocurrieron en Veracruz.
Asimismo señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó la apertura de 15 investigaciones ministeriales y siete carpetas de investigación por el delito de aborto en el estado y además se ha documentado al menos 9 casos de mujeres encarceladas por homicidio, todas ellas vivían en condiciones de pobreza al momento de ser denunciadas y la mayoría son indígenas.
Por lo anterior, aceptó que la modificación al Código Penal es urgente, ya que recordó que esta legislación limita y restringe el acceso a los derechos, lo cual impacta de manera negativa al acceso a la salud, a la justicia y a una vida libre de violencia.
Y es que dijo, que si bien se han comenzado a hacer esfuerzos para atender las recomendaciones de la Conavim, hay todavía muchos pendientes por atender.
En este sentido, destacó que la FGE comenzó con el diseño de esquemas de difusión sobre la interrupción legal del embarazo como un servicio de salud al que las mujeres tienen derecho.
Así también está en proceso de rediseño los formatos para el vaciado de información sobre personas acusadas o en prisión por el delito de aborto, homicidio en razón de parentesco y homicidio en razón de parentesco cuando se trata de un producto nacido y es menor a 72 horas de vida.
Mientras en el Poder Judicial, se lleva a cabo el diagnóstico de casos por aborto y homicidio en razón de parentesco, así como el diseño de capacitaciones de operadores de justicia.
Se logró también la preliberación de una mujer indígena que pasó 11 años en la cárcel por el delito de homicidio agravado y se dictó sentencia absolutoria a otra mujer cuyo proceso había durado cuatro años.
En cuanto a la Secretaría de Salud, aseguró que se diseña el programa estatal para la interrupción legal del embarazo y se garantizó que en cada Jurisdicción Sanitaria haya personal no objetor de conciencia para la interrupción del embarazo por violación.
