No hubo ilegalidad en uso del FISM 2017; había una «emergencia económica»: Sergio Hernández

El coordinador de la fracción legislativa del PAN, Sergio Hernández Hernández, rechaza cualquier ilegalidad en el acuerdo tomado para que los 212 alcaldes pudieran contar con recursos federales del 2017 para pagar obras de proyección social del 2016, al asegurar que se trataba de una situación de emergencia económica. 

“Se aprobó un acuerdo que tiene ciertos reglamentos  para que los ayuntamientos puedan disponer de presupuesto 2017 para terminar obras del 2016, tomando en cuenta que es un adeudo que le debe el gobierno del estado a los municipios y no hay manera de pagar, no hay manera que el ayuntamiento pueda pagar las obras que tiene inconclusa y que tiene pendientes con sus proveedores en beneficio de los ciudadanos.”

En sus palabras, afirmó que únicamente se generó una herramienta extraordinaria para que los gobiernos municipales cubrieran sus obligaciones pendientes.

«Nosotros hicimos una herramienta para los alcaldes para ayudar a que pudieran culminar obras inconclusas, que no se terminaron por la mala administración y corrupción del pasado gobierno», afirmó.

Ariel Álvarez Fernández, director general de Desarrollo Regional de SEDESOL, presentó un análisis legal y determinó que los diputados locales veracruzanos cometieron una ilegalidad al autorizar a los alcaldes tomar dinero del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal de 2017, para concluir obras del año pasado.

En ese sentido, Hernández Hernández explicó que se tuvo que hacer el acuerdo para tomar el fondo federal “solo que para diferentes años, porque la decisión que se tomó en el Congreso local fue una consecuencia de las malas administraciones del pasado como la de Javier Duarte y una medida de apoyo para los alcaldes que todavía están en funciones,  tomando en cuenta que se dejó una emergencia económica y no había manera de pagar las obras inconclusas, por lo tanto se tuvo que hacer un acuerdo”.

Y que al consultarle al Orfis sobre si se podrían utilizar los recursos federales de 2017 de ese modo, éste les respondió que era viable; sobre todo por que las autoridades de los municipios fueron los primeros en reclamar al gobierno estatal y de La República el pago de los adeudos.

«Recibimos un estado quebrado, pero además con las problemáticas y uno de los primeros actores en reclamar los pagos fueron los ayuntamientos, recordarán que el Palacio de Gobierno estuvo tomando por el adeudo de casi 4 mil millones de pesos. Se exhortó a la Federación por parte del Gobierno Estatal, del Congreso para que interviniera para poder rescatar al estado y no hubo respuesta», recordó.
-¿No le temen a posibles denuncias?, se le inquirió.
_No,  para nada.

Reiteró que el Artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, refiere que las aportaciones federales podrán afectarse para garantizar obligaciones en caso de incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas
obligaciones que contraigan con la Federación, las instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

Aunque siempre que cuenten con autorización de las legislaturas locales y se inscriban a petición de las Entidades Federativas o los Municipios, según corresponda, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Registro de
Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, así como en el registro único de obligaciones y empréstitos a que se refiere el quinto párrafo del artículo 9o. del presente ordenamiento.

«La intención siempre fue ayudar a los municipios a sacar sus pendientes y obras inconclusas, la Federación no actuó a tiempo y hoy que nosotros hicimos algo, lo que sugiero es exhortar a la Federación a que día cómo ayudar a todo este problema que tiene Veracruz y no sólo con los alcaldes, en general con todo el estado, con los pensionados», refrendó.

El legislador panista finalmente dijo extrañarle que después de seis meses de aprobar este decreto, la Sedesol se pronuncia y acusa de una extralimitación de funciones. «En el primer periodo de sesiones fue que autorizamos esto, por qué apenas ahora”.