El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este lunes, por unanimidad, el proyecto de presupuesto para 2018 que presentará en su momento a la Cámara de Diputados, y que asciende a 25 mil 034 millones de pesos, para hacer frente al proceso electoral más grande en la vida democrática del país, dijo el presidente del organismo, Lorenzo Córdova.
La aprobación de ese proyecto generó una dura andanada de críticas por parte de algunos de los consejeros en contra de la Iglesia católica que el domingo pasado, en su editorial Desde la Fe, acusó a los partidos y el INE de “no tener llenadera” al proponer un presupuesto “escandaloso e inmoral”.
De hecho, el consejero Marco Antonio Baños pidió a sus colegas dar turno a la Secretaría de Gobernación, que es la encargada de vigilar e impedir que las iglesias y sus ministros se inmiscuyan en política, y puso en la mesa, además, el nombre de quien, según él, redactó aquel editorial: Hugo Valdemar, “quien abierta e ilegalmente se dedica a hacer política”, acusó.
Sin embargo, los airados reclamos parecieron más bien un distractor si se toma en cuenta que no es sólo la Iglesia católica, sino diferentes sectores y actores de la sociedad, como el sector privado y académico, los que han criticado el multimillonario presupuesto que pide el INE para el próximo año, en el que se elegirá al Presidente de la República para el periodo 2018-2024.
La propuesta presupuestal del INE asciende a 18 mil 256 millones de pesos, a la que hay que agregar los 6 mil 788 millones de pesos aprobados ya para los nueve partidos políticos que contenderán el año entrante.
Baños, su colega Ciro Murayama y el propio presidente del INE, Lorenzo Córdova, se encargaron de resaltar que el presupuesto solicitado por el máximo órgano electoral del país para 2018 “está plenamente apegado a la Constitución” y es producto de un ejercicio matemático perfectamente legal, aprobado no por el Consejo General, sino por el Poder Legislativo.
Córdova Vianello detalló que el INE tiene mayores responsabilidades que su antecesor en 2012 (el desaparecido IFE), como es el hecho de que tiene que instalar 30 mil casillas extra, que implica una mayor inversión en capacitación y papelería electoral.
Marco Antonio Baños enfocó sus baterías en contra de Hugo Valdemar, “quien ya no es un sacerdote, sino un político”, y dijo que sus críticas a los gastos que tiene el INE son en contravención a los preceptos constitucionales, en su artículo 130.
Reconoció el derecho de la Iglesia de conocer el destino de los recursos de los partidos y del INE, pero en consonancia, exigió, debería transparentar qué hace con los donativos, con las limosnas, cuyo ejercicio, dijo, es absolutamente opaco: “Que prediquen con el ejemplo”, demandó.
En tanto, el consejero Benito Nacif difirió de su colega Marco Antonio Baños y dijo que “criticar es un derecho en el país”, de modo que pidió evitar que, en aras de la defensa de la Constitución “se pretenda silenciar” a quienes critican lo abultado del presupuesto electoral.
Nacif dijo, por otra parte, que el presupuesto tiene como objeto fondear los programas y proyectos para sacar adelante los comicios federales y locales del año entrante.
Lorenzo Córdova, en tanto, detalló los retos y crecimientos que tendrá el INE en 2018, donde se elegirán 3 mil 416 cargos de representación popular, principalmente el Presidente de la República, el Congreso federal, ocho gobernadores y un Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
