A propósito de las inundaciones producidas por los impactos de los huracanes Katia, Irma y José y del temblor cuya magnitud ha rebasado al terremoto de 1985; podría decirse que en Juchitán, donde los sismólogos ubicaron el epicentro, se ha determinado y localizado el mayor número de personas fallecidas (90 víctimas); sin embargo el número de damnificados abarca cifras millonarias, de quienes perdieron viviendas y patrimonio, un número todavía no determinado de personas desaparecidas y un desánimo que quedará por muchos años entre nuestros paisanos radicados en Oaxaca; Chiapas; Tabasco y Veracruz.
El pueblo aprovecha la presencia de las cámaras y micrófonos de televisión y radio; lo mismo que las comunicaciones por internet y las redes sociales que con gran impacto transmiten a todo el mundo, lo que la gente quiere que se conozca de su propia voz y sin limitación alguna a la libertad de expresión. La queja recurrente de los damnificados es por desatención e incumplimiento de promesas de autoridades de los tres ordenes de gobierno, a quienes en su momento, les correspondía hacerse cargo de la atención mediante programas asistenciales para recuperar sus viviendas, que desaparecieron (desde hace 10, 15 y 20 años), tiempo transcurrido en espera de que esas familias recibieran lo prometido por los gobiernos, desde Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y hoy del periodo correspondiente al licenciado Enrique Peña Nieto.
El desánimo, la frustración y la tristeza, invaden los rostros de los familiares de las víctimas, quienes se han cansado de buscar infructuosamente, a miembros de sus familias, desde niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, cuya esperanza de encontrarlos con vida, parece haberse perdido entre los caudales de las aguas que se fueron después de las inundaciones. El derecho al agua, como recurso natural cuya propiedad y rectoría corresponde al Estado (art.27 Const.) es considerado también como uno de los derechos humanos de los más importantes que tiene obligación de preservar y tutelar en favor de los individuos toda autoridad, sea del rango federal, estatal o municipal; cuidando que la accesibilidad para el uso personal y doméstico, esté garantizado, en buen estado para su uso en la alimentación e higiene ambiental; sin que pueda limitarse por las posibilidades económicas de los usuarios para su accesibilidad.
Ninguna autoridad tiene derecho a limitar el acceso a los servicios e infraestructura del suministro del agua; ni siquiera como una acción punitiva o de coacción comercial. El artículo 115 Constitucional, fracción III, impone a los municipios la obligación de prestar el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, hasta lograr la limpieza y recuperación del agua utilizada en cualquier asentamiento humano. No hay que olvidar que en la composición del cuerpo humano, el agua corresponde al setenta por ciento del volumen de cada individuo; y que la necesidad de consumir agua por cada persona, debe satisfacerse con un máximo de tres dias, para evitar riegos en la salud de quienes por determinación propia o por obligación impuesta por las autoridades, en cuyo caso, la responsabilidad legal podría generar la aplicación de sanciones por las conductas ilícitas en que incurra quien impida de manera coercitiva el uso y consumo del agua cuyos destinatarios serían los individuos que se ubiquen legal o ilegalmente dentro del territorio nacional.
Las últimas precipitaciones pluviales en la Ciudad de México y las zonas inundadas de las entidades federativas mencionadas, han sido estimadas por las autoridades del ramo, en millones de metros cúbicos de agua de lluvia y del desbordamiento de represas, ríos, lagunas y esteros cuya captación tuvo un costo y por la falta de previsión y de control para evitar los daños directos y colaterales, también tiene un costo multimillonario. Y si el tratamiento de esas aguas, se hubiera aplicado para el consumo humano, su costo se elevaría y por consiguiente en los registros contables de la CONAGUA y de las comisiones estatales y municipales del agua, también tendrían que considerarse con el costo que los servidores públicos o funcionarios de alto rango encargados de la administración, distribución y consumo del agua para los usuarios de los organismos operadores del preciado líquido tendrían que responder con las sanciones económicas que las contralorías y la Auditoría Superior de la Federación, deberían imponerles, por su mal desempeño en las funciones públicas encomendadas y por los daños y perjuicios ocasionados a los organismos operadores del agua y a los individuos que aún sin ser usuarios de las aguas y los sistemas operadores del agua resultan damnificados por la ineficacia de ésta burocracia que cobra bien, aunque trabaje mal.
En uno de los dos mil cuatrocientos cincuenta municipios que existen en las treinta y dos entidades federativas, se acusa a un alcalde, de que burlonamente y para desquitar su coraje, por la manifestación del día anterior, en la que los habitantes de esa municipalidad le reclamaron en forma airada el suministro de agua potable que prometió hace tres años, y que de no ser para el próximo año, otra vez habría que registrarlo como otra de sus promesas incumplidas; desde sus cómodas oficinas en el palacio municipal, desde donde contemplaba el diluvio ocasionado por Katia, el señor presidente municipal abrió la boca para pitorrearse de los manifestantes del día anterior, a quienes recomendó “”esperen la lluvia de hoy en la noche y toda la que quieran llevarse a sus casas, se las regalo, va por mi cuenta, no podrán decir que les he negado un vaso de agua, porque ese ni a Cristo le fue negado, menos a ustedes. Todas las cubetas que puedan acarrear para sus casas llévenselas, por hoy el alcalde paga”” y entre las carcajadas de sus barberos amigos y cómplices de toda clase de raterías, le festinaron al alcalde, la agudeza de su ingenio y la estupidez con la que siempre se burlaba de los demás.
