El abogado de la Universidad Veracruzana, Alberto Islas Reyes, informó que la deuda que mantiene el Gobierno del estado derivada del sexenio anterior, aumentó de 2 mil 400 millones de pesos a los 2 mil 700, pues al no entregarse oportunamente se generan actualizaciones.
“Ya debió haber subido a los 2 mil 700 millones más o menos, porque no entregaron oportunamente el presupuesto de egresos de la Federación y el estado, determina que la Universidad había recibido. Las cantidades que no se entregan oportunamente generan actualizaciones que están obligados a entregar”.
Entrevistado en su Guardia de Honor en Los Berros, aseveró que el Gobierno en turno es quien está obligado a pagarles pues se trata de obligaciones institucionales y no de personas.
“La Universidad no recibió un dinero y tiene que recibirlo y quien esté al frente del Ejecutivo es la obligación de entregar”.
Asimismo, señaló que es obligación de la Procuraduría General de la República, enviar una cita a todos los exfuncionarios que estuvieron incolucrados del 2014 hasta el 2016.
“Es obligación también de la Procuraduría enviarles cita a todos los que estuvieron en funciones, en ejercicio de la función y atribución legal en el tiempo en el que no se entregó el dinero, todos los involucrados, secretarios y tesoreros que estuvieron desde el 2014 hasta el 2016.
Del mismo modo, sostuvo que aún no hay fecha para la resolución de las dos denuncias presentadas, una ante la Fiscalía General del Estado en febrero de 2014, atraída por la Procuraduría General de la República.
“Todavía sin fecha porque incluso hay todavía una información que ellos están procesando que tiene que ver con las decisiones y dictámenes en materia de contabilidad”.
En este sentido, aceptó que los procesos llevan sus tiempos y los fija la propia autoridad que integra las investigaciones.
“Se ha incorporado la documentación y estamos esperando justicia para la Universidad Veracruzana, que se le resarza el daño causado por el pago que no se hizo de manera oportuna en su tiempo”.
