Hasta en tanto el Poder Judicial del Estado (PJE) o la Fiscalía General del Estado (FGE), no le informen al Organismo Público Local Electoral (OPLE), de Veracruz, la situación jurídica de Marisol “N”, interesada en aspirar a la candidatura independiente a la gubernatura del Estado, este ente analizará la documentación que presentó y por consiguiente emitirá un dictamen sobre la procedencia o no de su aspiración.
En entrevista telefónica, el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, expuso que será el secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe, el que deba pedir los datos a dichas instituciones autónomas, luego de que se diera a conocer en medios de comunicación que fue detenida y vinculada a proceso, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro.
“Nosotros hasta el momento no tenemos notificación alguna del PJE, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), no nos ha notificación de la detención de esta persona, ni de la vinculación al proceso. Sin embargo, el representante legal del OPLE es el secretario Ejecutivo, a quien le hemos solicitado que requiera al PJE y a la FGE, que nos puedan rendir un informe sobre cuál es la situación jurídica de esta ciudadana”, manifestó.
Vázquez Barajas comentó que en la petición que hagan, pedirán que se les aclare si con esa situación jurídica, no se actualiza algunos de los supuestos que marca la Constitución Federal para dejar de gozar de los derechos políticos y electorales que tienen todos los ciudadanos en libertad.
“El artículo 38 Constitucional establece diversos supuestos de suspensión de derechos políticos, entre ellos, está el de la vinculación a un proceso penal”, abundó el presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.
En sus palabras dijo que si bien en México se procura el principio de presunción de inocencia, en el caso de quienes están presos, independientemente de sus situación jurídica, el que estén en un penal y aunque no haya sentencia condenatoria, con la privación de la libertad se considera que se suspenden los derechos políticos.
“En el caso particular habrá que esperar la respuesta del TSJ, que nos dé elementos objetivos para saber cuál es la situación jurídica de la ciudadana (…) estaremos en espera de recibir información de la FGE y del TSJ y el 7 de diciembre, tendremos una sesión de la comisión, donde la directora del prerrogativas deberá presenta un dictamen con esos elementos objetivos y al otro día, el Consejo General deberá sancionar la determinación”, concluyó.
