La diputada local de Morena, María del Rocío Pérez, consideró que los nuevos gobiernos locales a los que el Congreso del Estado les autorizó la concesión del servicio de instalación de luminarias tipo led, por medio del esquema de Asociaciones Público Privadas (APP), deben tomar en cuenta que se les aplicarán en sus recursos, una tasa interna de retorno a los ayuntamientos, es decir, se harán acreedores a endeudamientos por muchos años, en algunos casos por más de una década, de manera que esto será «catastrófico».
Por ello, consideró importante que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), realice una revisión exhaustiva sobre los contratos millonarios que el Congreso del Estado autorizó a municipios para concesionar el servicio a la empresa de Nuevo León “Technologies, S.A. de C.V”, por la colocación y mantenimiento de luminarias tipo led por un lapso de 15 años.
Recordó que Morena no estuvo de acuerdo con esas autorizaciones y se opuso a la contratación de la empresa regiomontana para el suministro y colocación de sistemas y equipos de iluminación urbana.
Sostuvo que había que tomar en cuenta el presupuesto que tienen los ayuntamientos y a lo que no se pueden comprometer, por ello expresó que «esta cuestión es de dudosa participación.”
La legisladora recordó que el 18 de mayo pasado, presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular del ORFIS, a fin de iniciar una auditoría al proceso de asignación de contratación en el que tienen que ver varios municipios y detener los niveles de endeudamiento.
Detalló que solicitaron contratar este esquema de APP’S, los ayuntamientos de Castillo de Teayo por un millón 575 mil pesos en contraprestación por un año; Chalma con un millón 881 mil 600 pesos; Chiconquiaco por un millón 573 mil 632 pesos; Citlaltépetl por un millón 500 mil 936 pesos y Espinal por un millón 233 mil 324 pesos.
Asimismo Gutiérrez Zamora, que aparece con una concesión de 12 años y en el caso de Tuxpan, subrayó, no se establece en la Gaceta Legislativa, la cifra del contrato a 10 años.
Precisó que el Congreso del Estado además autorizó a los municipios de Altotonga, Boca del Río, Huatusco, Nanchital, Oteapan, Playa Vicente, Pueblo Viejo, Rafael Delgado, Tantoyuca, Tlilapan, Tuxpan y Zontecomatlán, contratar más deuda con el fin de hacer inversiones público-productivas por un monto de 347 millones 773 mil pesos.
De manera que, cuando asuman funciones las nuevas autoridades municipales, su realidad será «catastrófica».
En el mismo orden de ideas dijo que el Congreso está autorizando el remate de bienes inmuebles como vehículos, inclusive de año muy reciente se están vendiendo las flotillas vehiculares de los ayuntamientos, y cuestionó cómo es que van a trabajar.
