Este miércoles, el ex dirigente estatal de la Liga de Comunidades Agrarias de la CNC, Edgar Díaz Fuentes, denunció junto con otros representantes de diversas organizaciones campesinas una serie de corruptelas que presuntamente se siguen dando en la Delegación Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA).
Pero este tipo de señalamientos no son nuevos. Hace cuatro meses, por ejemplo, Gilberto Muñoz Salazar, un productor de la región de Perote, acusó que desde mayo de este año, Alejandro Chavarría Jr., hijo del subdelegado de Planeación y Desarrollo Rural de la SAGARPA, Luis Alejandro Chavarría Galindo, les pidió a cerca de 400 productores de leche, maíz y ganado de esa región sus documentos para tramitarles ante la delegación federal los números de folios para poderles bajar proyectos productivos, pero que éste nunca cumplió ni les devolvió sus expedientes.
“El susodicho junior y vividor del presupuesto se oculta bajo la sombra del puesto de su padre, negándonos a los productores la entrega de los documentos o los folios de dichos proyectos”, acusó el campesino, quien dijo que buscarían el apoyo del Gobierno del Estado porque ya estaban hartos de que “parásitos” como el hijo del subdelegado Chavarría “sigan engañando y lastimando a los productores escondiéndose cobardemente en el cargo de su padre”.
Sin embargo, a raíz de este caso, en octubre trascendieron otros de proyectos productivos que pese a que fueron aprobados positivamente, los fondos de financiamiento aún no llegaban a los beneficiarios, evidenciando la presunta complicidad entre un par de juniors con influencia en la Delegación Veracruz y en las oficinas centrales de la SAGARPA así como en el gobierno estatal.
Uno de esos casos del programa “El Campo en Nuestras Manos” era el del proyecto de gallinas ponedoras para un grupo de mujeres de la localidad Chapopote, del municipio de Chalma, al que le fue asignado un financiamiento de 250 mil pesos, de acuerdo con el número de folio ECM-VER-PP-1428-17.
Según la versión de las campesinas afectadas, este proyecto ya había sido aprobado pero que el subdelegado Chavarría les habría pretextado que no alcanzó el presupuesto para pagarlo, cuando el programa todavía no cerraba. Lo que les extrañó fue que presuntamente el propio funcionario federal les sugería que buscaran en Palacio de Gobierno a Pedro María García Montañés –a la sazón secretario particular del gobernador Miguel Ángel Yunes, quien lo acaba de proponer ante el Congreso local como candidato a magistrado del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa–, para que diera instrucciones de pago, lo que supuestamente era condicionado a un “moche” del 30 por ciento del monto total.
García Montañés, quien hasta octubre de 2016 se desempeñó como director general de la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico en la Secretaría de Gobernación –cargo que dejó para asumir la Secretaría Particular del entonces gobernador electo, no obstante que en la SEGOB percibía más de 119 mil pesos mensuales netos–, es casualmente hijo de Héctor René García Quiñones, actual coordinador general de Enlace Sectorial de la SAGARPA y encargado de los programas del FAPPA-PROMETE, “El Campo en Nuestras Manos” y del fortalecimiento de organizaciones civiles.
Por su parte, el subdelegado Chavarría Galindo ya lleva dos sexenios seguidos en la SAGARPA Veracruz, pese a que señalan que su hijo cuenta con un despacho privado en la avenida Paseo de Los Alpes número 11, en el residencial Las Cumbres, de Las Ánimas, de donde presuntamente los proyectos productivos eran remitidos para el “visto bueno” del junior de García Quiñones.
