Tras la vista que dio el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), al Congreso del Estado para que sancione al regidor tercero de Xalapa, Daniel Fernández Carrión, por incurrir en promoción personalizada de su nombre e imagen; el magistrado Javier Hernández Hernández, aclaró que la sentencia no ordena la suspensión de programas sociales.
Y es que reiteró que el órgano jurisdiccional no tiene atribuciones para suspender la entrega de apoyos gubernamentales, sino evitar que los funcionarios como el edil, violen preceptos constitucionales.
“Nosotros (el TEV) ni siquiera estamos facultados para eso (prohibir programas sociales), no puede ordenar la suspensión de programas sociales, programas de gobierno, hay que dejarlo claro, la Constitución prohibe personalizar los programas”, enfatizó.
Cabe recordar que al resolver un Procedimiento Especial Sancionador, los magistrados confirmaron que el regidor se promocionó mediante lonas al entregar videocámaras de vigilancia a vecinos de diferentes colonias de la ciudad, los días 7, 8, 21, 28 y 30 de septiembre; 5, 7 y 14 de octubre y 4 de noviembre.
Hernández Hernández reiteró que el TEV no está facultado para detener algún programa social, pero derivado de las últimas reformas constitucionales en materia electoral, las Cartas Magnas del país y del estado prohiben el uso de los programas públicos para fines personales, con el propósito de proteger la neutralidad en el uso de los recursos públicos.
“Simplemente consideramos que había elementos para establecer que había un programa municipal que estaba siendo utilizado por un servidor público con fines parciales, porque no solamente cumplía la existencia del programa sino también difundía su nombre, esta publicidad personalizada la prohibe la Constitución”, insistió el togado.
Por ello dijo una vez más que el texto constitucional prohibe que en la difusión de los programas se coloquen nombres, imágenes o alguna situación que pareciera que el programa no es del gobierno, sino del servidor público que se promociona.
El togado expresó que este caso marca un precedente para hacer un llamado a todos los servidores públicos para que no utilicen los programas del estado para obtener un beneficio de carácter político electoral.
