El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Cordóva, definió que el órgano electoral debe pasar a otro nivel en el ejercicio de inteligencia y de construcción de modelos de riesgo financiero, toda vez que ahora el desafío en las elecciones, ya no es de tipo contable, sino de capacidad de rastrear el dinero y explotar la gran cantidad de información y de fuentes a las que el órgano tiene acceso.
Durante su propuesta para nombrar al nuevo titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, aseveró que se requiere de una persona que con su trayectoria profesional, no sólo acredite capacidad y experiencia de adaptación e implantación de modelos de riesgo, de nuevos modelos de auditorias más informatizados e integrales, sino alguien que pueda liderar con el ímpetu suficiente la elección más grande de la historia.
Es así que propuso a Lizandro Núñez Picaso, en sustitución de Eduardo Bursa, quien presentó su renuncia al cargo de titular de la Unidad Técnica de Fiscalización.
Durante la sesión, Córdova manifestó que la fiscalización del órgano electoral, de cara al 2018 debe evolucionar en dos sentidos: disipar las diferencias de criterios que se han venido experimentando en la fase jurisdiccional de las contiendas locales de este año para que no existan diferencias entre la verdad jurídica y la verdad contable en materia de fiscalización.
Dijo que está convencido que en 2018 la empatía de criterios y la claridad sobre el dinero invertido en la competencia electoral, deben contribuir a la estabilidad del país y al a gobernabilidad democrática.
“Es mi convicción que el andamiaje electoral mexicano ha configurado a lo largo de dos décadas, un sistema de doble garantía: una administrativa y otra jurisdiccional que no debe convertirse en un tema de doble interpretación y para ello es necesario intensificar una colaboración dialogante entre el INE y el Tribunal Electoral”, destacó.
Dicha colaboración deberá servir para clarificar la complejidad con la que se instrumente el modelo de fiscalización.
“Estamos trabajando para que la de 2018 sea la elección con la fiscalización más rigurosa de la historia, junto con el Tribunal Electoral”, aseveró.
Fue así que propuso priorizar el uso de modelos de riesgo para el cumplimiento de los objetivos y utilizar con mayor efectividad las atribuciones que la ley le ha conferido al INE para seguir la huella del dinero ejercido en las elecciones.
En dicha evolución es “indispensable” ser más proactivos en las condiciones de auditoria, trabajar con mentalidad de inteligencia, intensificar la actividad de investigación y de manera especial, desarrollar una perfección institucional que permita identificar y clasificar los riesgos a los que se enfrenta la labor fiscalizadora del órgano electoral para ser más efectiva y garantizar que el dinero ilícito no influya en la competencia por el poder político.
“Necesitamos que el trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización tenga como un eje un enfoque de gestión de riesgos y con base en las facultades legales potencie el uso de inteligencia financiera, fiscal y electoral para transparentar el uso del dinero invertido en las elecciones e inhibir el uso de dinero ilegal a partidos y candidatos”, subrayó.
De lo que se trata es de avanzar hacia el uso de modelos de riesgo en la fiscalización como los que se han implementado en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde 1997 y que han contribuido a detectar y contener el dinero en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Enfatizó que el modelo derivado de la reforma de 2014 debía construirse, asentarse y afianzarse, echarse a andar y demostrar su funcionalidad y viabilidad, trabajo que se condujo por Eduardo Bursa, de la Unidad Técnica de Fiscalización, quien renunció al cargo.
El consejero presidente destacó que con la reforma de 2014 se concibió un nuevo modelo de revisión, ingresos y gastos de los partidos políticos que favorecen la rendición de cuentas.
Afirmó que los partidos han evolucionado mucho en el manejo contable y administrativo de sus finanzas y los dictámenes consolidados han servido para las determinaciones de las instancias jurisdiccionales en cada contienda electoral.
Sin embargo, la creciente competitividad en casi todos los ámbitos electorales, así como la sofisticación de la forma de gasto y vínculos financieros de los actores políticos con sus simpatizantes y proveedores, llevan al INE a definir nuevos retos en materia de auditoria y fiscalización de cara a la elección más grande de la historia de México para que se convierta en la elección más transparente de la democracia mexicana.
