En 2017, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aplicó más de 80 medidas de apremio en contra de titulares de las unidades de acceso a la información pública (UAIP), de los entes obligados o de funcionarios que se negaron a proporcionar datos solicitados por los ciudadanos.
Así lo dio a conocer la titular del organismo, Yolli García Álvarez, al abundar que en su mayoría aplicaron amonestaciones públicas o apercibimientos, por incurrir en el silencio administrativo al no dar contestación a las solicitudes formuladas o no investigar a fondo el hallazgo de la información requerida.
“Tenemos más de 80 multas que se han impuesto a sujetos obligados. La ley nos permite, nos dio mayores atribuciones y podemos pasar desde una amonestación pública a los servidores que no cumplan, en una primera llamada de atención, hasta multas para el cumplimiento de sus obligaciones”, manifestó García Álvarez.
En sus palabras acotó que en algunos casos han dado vista a las contralorías internas de los sujetos obligados, para que éstas sigan procedimientos internos para determinar si otros funcionarios adicionales al titular de la UAIP, cometieron una irregularidad en el desempeño de sus funciones.
“Estamos haciendo una verificación integral, no sólo limitándonos a nuestras atribuciones y funciones, sino también dando vista a otra autoridad que puede imponer sanciones dentro del sujeto obligado para que esto no ocurra”, destacó la titular del IVAI.
Ahondó que las sanciones han ido en contra de ayuntamientos y secretarías, citando el último caso de la responsable de la UAIP de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), por un mal manejo de la información en la dependencia.
Finalmente comentó que en 2017 no se presentaron denuncias penales por el presunto delito de incumplimiento de un deber legal, tal como ocurrió en años anteriores.
