El Congreso de la Unión solicitó al gobierno de Veracruz, única entidad del País con dos alertas, una por violencia feminicida y otra por restringir los derechos reproductivos de las mujeres (agravio comparado); informe cuáles son las medidas y acciones emprendidas para proteger a las veracruzanas.
CIMACNoticias dio a conocer que, durante la sesión de ayer miércoles, se recordó que el pasado 13 de diciembre, este estado se convirtió en la primera entidad en contar con dos alertas luego de que la Secretaria de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; declaró activada la Alerta por agravio comparado, es decir, por políticas que restringen y criminalizan la interrupción del embarazo.
Asimismo, en un punto de acuerdo presentado por la diputada de Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, se hizo referencia a que en 2011 desaparecieron por lo menos 50 mujeres en Xalapa, en un lapso de tres días por lo que la legisladora pidió llamar al gobernador Miguel Ángel Yunes a investigar el caso.
Sin embargo, la Comisión de la Permanente consideró que este tipo de exhortos se tienen que hacer al Ministerio Público, entidad encargada de realizar la investigación de cualquier delito, por ello optó por pedir únicamente que el gobierno estatal informe sobre las medidas y acciones que ha emprendido contra la violencia de género.
Fue así que la Comisión Permanente pidió a los 12 estados que tienen una declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) que difundan las estadísticas sobre casos de violencia feminicida a fin de transparentar la información.
Senadores y diputados pidieron al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del estado de Veracruz; informar sobre las medidas y acciones para prevenir la violencia de género y proteger a las mujeres.
Asimismo, se solicitó información a los estados de México, Morelos, Chiapas, Sinaloa, Nuevo León, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit.
La diputada perredista Olga Catalán Padilla expresó que no contar con cifras concretas de casos de violencia feminicida obstaculiza el desarrollo de políticas públicas o acciones que eviten o, en su caso, disminuyan la violencia contra mujeres y niñas.
La legisladora solicitó también información a los gobiernos de Nuevo León, Estado de México, Chiapas y Jalisco para que integren bancos estatales de datos e información sobre casos de violencia.
