Gran revuelo causó en días pasados la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en la que ordenó la destitución de dos alcaldes y un cabildo completo en los estados de México y Puebla por desacatar fallos de tribunales laborales en sus respectivas demarcaciones.
Pues algo similar le podría ocurrir al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, cuya administración se ha negado sistemáticamente a acatar sentencias dictadas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado y por juzgados de Distrito, en las que se le ordena indemnizar y/o reinstalar trabajadores despedidos durante el anterior y el actual gobierno.
Según la información que se ha difundido, existen por lo menos 60 juicios que favorecen a ex empleados del gobierno estatal, con indemnizaciones que equivalen a aproximadamente 70 millones de pesos, incluido el pago de salarios caídos y prestaciones.
Pero a pesar de que el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito ordenó que se obligue al gobierno a cumplir con las sentencias del Tribunal, Miyuli está “montado en su macho” y se niega a acatar lo que dicen los juzgadores.
No vaya siendo que ni los dos años dure como gobernador.
