El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el integrante de la Fracción Mixta, José Roberto Arenas Martínez, presentaron una reforma al artículo 144 del Código Penal, para que los crímenes de odio sea considerados como calificados, a efecto de que ello permita sancionarlos con mayor severidad, y contribuir con ello a erradicarlos.
En tribuna, la diputada Janeth García Cruz sostuvo que estos ilícitos, regularmente violentos, son motivados por intolerancia extrema a otro grupo social, basada en características de la víctima, misma que es considerada inferior o merecedora de castigo por parte del agresor.
Adicionó que además de los habituales actos de discriminación a que cotidianamente se ven sometidas en diversos ámbitos, estas personas cada vez y con mayor frecuencia se ven expuestas al riesgo de ser víctimas de homicidio y lesiones por motivos de odio.
“Proponemos adicionar, en el listado de causales para considerar calificados dichos ilícitos, el que éstos se ejecuten con motivo del origen étnico o nacional, raza, color, preferencias sexuales o identidad de género de las víctimas”, destacó.
García Cruz refrendó que los crímenes de odio tienen un profundo impacto no
sólo sobre la víctima inmediata sino también sobre el grupo con el que ésta se identifica y afectan, en consecuencia, la unión de la comunidad y la estabilidad social, por lo que enfrentarlos desde el derecho penal es una forma de inhibirlos para procurar la seguridad de los integrantes de sectores poblacionales de alta vulnerabilidad.
Señaló que el Conapred afirma que la discriminación por motivos de raza, origen étnico o apariencia física, reflejada en acciones que niegan o restringen el goce de los derechos, es un fenómeno que en nuestro país está arraigado tanto en las instituciones como en las prácticas sociales que definen relaciones desiguales, con la consecuencia de la negación de una diversidad que es constitutiva de la sociedad.
La legisladora priísta acotó que la discriminación por preferencias sexuales es la que se encuentra más documentada, pues según la encuesta “Homofobia y el mundo laboral en México”, realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y otras organizaciones, al 35 por ciento de las personas entrevistadas se le negó un empleo por su orientación sexual.
Mientras que un 26 % manifestó haber sido despedido por esa situación, en tanto que el 35 % dijo haber sufrido discriminación por sus jefes o compañeros de trabajo, y un 45 por ciento decidió renunciar a su empleo por esos motivos.
